De la cronología de marras aún quedan tres nombres: Prudencio Villalón, Ernesto Jiménez y Roberto Ayala. Que cuatro personas nieguen haber sido agredidas por Ferrer no demuestra que las otras no lo hayan sido. El Estornudo intentó, de todas formas, comunicarse a través de sus perfiles en Facebook con esas cuatro personas -tres de las cuales residen actualmente en Estados Unidos-, con el fin de verificar sus testimonios, pero solo Yusmila Reyna Ferrera, o alguien con acceso a su cuenta, vio los mensajes enviados, lo cual no sirvió de mucho porque no respondió.
Con quienes sí lograríamos hablar es con Prudencio Villalón, quien confirmaría haber sido agredido por dos activistas de UNPACU bajo las órdenes de Ferrer, y con dos testigos directos de la agresión a Roberto Ayala.
Para la UNPACU, la historia del secuestro y la golpiza a Sergio García es "una fabricación de la policía política". Su versión sostiene que Sergio García, quien es o solía ser un miembro de la organización, sufrió un accidente en una moto-taxi el 21 de septiembre, luego de que le pidieran «que se retirara de la sede porque había tenido problemas de indisciplina» y se fuera a su casa, en Mayarí, Holguín. Carlos Amel Oliva dijo a El Estornudo que Sergio García había violado las reglas de convivencia durante esos días de visita en la sede, y que el 20 de septiembre último había salido y regresado muy embriagado, algo que no está permitido, aunque le autorizaron a pasar esa noche.
Supieron del "accidente" -según cuentan en un video Nelva Ortega y Carlos Amel Oliva- a través de la esposa de Sergio García, llamada Maribel Cabreja, quien a fines de septiembre habría realizado una llamada telefónica a la sede de UNPACU en la que relató a Ortega que la policía política estaba presionando a su esposo para que este atribuyese las lesiones sufridas en el accidente a Ferrer y a otros activistas que pernoctaban en la sede. De esta conversación telefónica en específico no se conservan pruebas. Oliva dice que luego de las detenciones del 1 de octubre, previendo que se acusara a Ferrer de haber agredido al activista holguinero, decidió llamar por teléfono a la esposa de éste y pedirle que contara lo que antes había contado a Ortega, con el fin de grabarla. En el audio, divulgado poco después de las detenciones, se escucha a una mujer que reconoce llamarse Maribel Cabreja y que confirma la versión del accidente:
Carlos Amel Oliva: Mire, oiga para acá, yo quería preguntarle algo. Usted… me dijo una persona que había llamado acá y había narrado que la Seguridad estaba presionando a Sergio para que Sergio, las lesiones que sufrió en el accidente, nos las achacara a… que aquí en la sede le habían golpeado. ¿Fue así?
Mujer: Así mismo.
Carlos Amel Oliva: ¿Así mismo fue? ¿Y me pudiera decir más o menos cómo fue, qué pasó cuando él llegó allá?
Mujer: No, eso… él me dijo que él había tenido un accidente en un motor; llegó aquí pero, como al otro día empezó con dolor y dolor y dolor, no pudo ya aguantar más y tuve que llevarlo para el hospital. Lo metieron en terapia hasta que se tuvo que ir de terapia, como a los cuatro días, por la infección que había allí en esos momentos.
Carlos Amel Oliva: Entonces, ¿cuándo la policía detiene a Sergio y le presiona para que nos acuse?
Mujer: El mismo día que ingresó.
Carlos Amel Oliva: Ah, ¿lo fueron a ver al hospital?
Mujer: Sí.
Carlos Amel Oliva: Lo fueron a ver al hospital. ¿Y allí qué pasó?
Mujer: Esa gente no salía de allí. Todo el tiempo metida ahí, ahí, ahí arriba de él.
Carlos Amel Oliva: Ya. ¿Él se negó? ¿Sergio se negó?
Mujer: Sí.
Carlos Amel Oliva: Ya, ya, es decir, él no ha acusado, él no ha levantado ninguna falsa acusación ni nada de eso.
Mujer: No.
Oliva declaró a El Estornudo que con Sergio García no logró hablar por teléfono porque se encontraba adolorido y le resultaba molesto ir hasta el sitio donde se hallaba el teléfono público; que así le dijo Maribel Cabrejo, aunque esto en específico no sale en la grabación. A la pregunta de por qué nadie de UNPACU fue hasta la residencia de Sergio García, Carlos Amel Oliva respondió que el mismo 1 de octubre, en horas de la madrugada, el activista Ebert Hidalgo había intentado hacerlo, porque pretendían averiguar sobre el estado de García y ayudarle con algunos recursos, pero que Hidalgo fue detenido varios kilómetros antes de llegar a su destino. Luego ocurrió la llamada que Oliva grabó y otra llamada que no grabó, en la que Maribel Cabreja habría dicho que su esposo se encontraba con unos familiares en Matanzas. Hasta el presente, Oliva no había vuelto a saber de esa familia.
El abogado Eloy Viera cree que la defensa podría proponer esta grabación como prueba a favor de Ferrer, pero contempla la posibilidad de que antepongan múltiples excusas del otro lado para rechazarla. Las principales limitaciones estarían, por un lado, en la inexistencia de una institución independiente que certificara la validez de dicha grabación, porque en Cuba solo el Ministerio del Interior tiene facultades investigativas criminalísticas, por lo que tendrían que ser sus expertos quienes evaluaran la grabación, y por otro lado, en la posibilidad de que el expediente estuviera declarado secreto por razones de «interés estatal», con lo cual la defensa tendría que esperar a que la causa se abriera a juicio para acceder a su contenido y revisar las pruebas de la Fiscalía. Aunque no deberían existir razones para declarar secreto el expediente de una persona acusada de un delito común.
Prudencio Villalón, 62 años, cuenta que el problema con Ferrer se produjo porque este quería dividir a la organización opositora Damas de Blanco en Santiago de Cuba para llevarse a sus activistas a sus filas, y un día lo puso a elegir: o él o ellas. Villalón había sido uno de los fundadores de la UNPACU, pero trabajaba desde antes con las Damas de Blanco. Él quería pertenecer a ambos grupos.
A la semana, ocurre el incidente: dos muchachos de la UNPACU que Villalón conocía, Rubislandis Ávila y Roilán Álvarez, le abordan en la entrada de Mangos de Baraguá y le dicen que él tiene una laptop que pertenece a Ferrer y Ferrer la quiere de vuelta. Villalón replica que la laptop que carga pertenece a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y que no les entregará nada. Ahí empiezan a forcejear. Los muchachos quieren obligarle a que vaya a rendir cuentas a Ferrer. Llaman por teléfono a Ferrer y le dicen algo así como "aquí lo tenemos". Villalón se niega a irse con ellos, intenta defenderse, se resiste, pero los muchachos lo golpean con ganas, le quitan la laptop y se echan a correr.
Villalón asegura que los pasajeros de una guagua fueron testigos de lo que pasó, porque sus agresores habían bajado de esa guagua cuando lo vieron a él, en la calle, y que luego en la misma guagua lo llevaron a un policlínico. Supone que si nadie intervino fue porque sus agresores le acusaban de tener algo que no era suyo. O quizá nadie estaba para meterse en una bronca ajena. Luego presentó una denuncia en la policía contra Ávila y Álvarez, y los encarcelaron, pero al mes la retiró porque varios "hermanos de lucha" le persuadieron de que sería lo mejor.
La UNPACU, que no pasó por alto este suceso, en noviembre de 2013 difundió en sus redes un video en el que un grupo de activistas, todos hombres, presionan a Prudencio Villalón para que retire la denuncia: uno de los dos detenidos se encontraba supuestamente en huelga de hambre y su vida corría peligro. Los hombres alegan que la historia de la agresión no es cierta y catalogan a Prudencio Villalón como una persona "sin ningún escrúpulo", de baja moral, "sin valores éticos". Le llaman "esperpento inmoral" y lo acusan de haberles robado. También dejan claro que, si el prisionero declarado en huelga de hambre moría, él sería responsable.
El final es una joya. Uno de los activistas, dirigiéndose a Villalón, dice: "Yo te exhorto a que si tú no eres agente de la Seguridad del Estado lo demuestres, y la mejor muestra que vas a dar de eso, Prudencio, es retirando la acusación contra estos dos hermanos, porque el daño tú se lo estás haciendo a la causa a la que tú dices servir".
Pero Villalón no le guarda rencor a Ferrer, aunque nunca escuchó unas disculpas de su parte. La última vez que se comunicó con Ferrer fue por teléfono, y le dijo: "Si no cambias se puede poner todo muy peligroso para la oposición en Cuba". Eso cuenta, a seis años de los hechos. Luego vino a trabajar a La Habana, hasta que hace par de años se desvinculó del activismo por problemas familiares. No obstante, aclara, sigue siendo opositor. "Yo he sido opositor toda la vida".
El reportaje de once minutos sobre el caso de José Daniel Ferrer que transmitió el 27 de noviembre el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana, sirvió para dos cosas. Primero: para dar un ejemplo de lo que jamás un medio riguroso, que se respete a sí mismo, pero que sobre todo respete a su audiencia, debería publicar. Segundo: para que la mayoría de los cubanos, que no dispone de otras vías informativas, se quedara con la peor imagen posible de José Daniel Ferrer.
El material tergiversa contenidos, omite información pública relevante, carece de fuentes y de balance entre las mismas, y como si todo esto no fuera suficiente, trata como culpable a un ciudadano que aún no ha sido sometido a juicio y lo acusa, sin evidencias, de un delito por el que no está en prisión. Además, gran parte de su contenido se encuentra disponible en Internet desde hace meses o años: no es nuevo ni original.
La persona o el equipo que elaboró el audiovisual se conformó, por ejemplo, con agarrar un video casero -el de Sergio García, que ronda por Facebook desde el 9 de octubre-, picotearlo chapuceramente para evitar que los espectadores supieran que la presunta víctima se identificaba como opositor político y que acusaba de abuso físico no solo a Ferrer sino también a la policía cubana, y ensamblarlo en un relato lleno de artimañas. Con ello quizás se logró la aprobación de los censores, pero también se dañó la credibilidad de una de las fuentes más importantes en esta historia.
El silenciamiento de los audios originales, superponiendo la voz en off del periodista, en la mayoría de los fragmentos de videos donde aparece Ferrer -el de la visita de su familia a la prisión de Aguadores el 7 de noviembre, el de Ferrer sentado a una mesa junto a seis hombres encapuchados, y el de Ferrer portando un supuesto fusil de asalto- constituye otra obvia manipulación. Ningún espectador pudo saber de qué se hablaba en cada uno de esos pasajes. En cambio, sirvieron para reforzar en la figura del detenido una imagen de hombre violento y mentiroso.
Las imágenes de la visita de la familia a la prisión de Aguadores no bastan para demostrar que Ferrer, González, Pupo y Zárraga no pasaron más de 30 días "desaparecidos", ni para demostrar que no fueron sometidos a tratos crueles o degradantes. Contradicen parcialmente el testimonio de Nelva Ortega, sobre todo, cuando dice que su esposo apenas podía abrazarle, pero sugieren que es cierto que la primera visita, en efecto, no ocurrió hasta el 7 de noviembre, y no logran rebatir las denuncias acerca de signos de maltrato físico, pues las imágenes filmadas secretamente son de pésima calidad y no se detalla el rostro del detenido.
¿Por qué no se entrevistó ni a una de las personas directamente implicadas? ¿Por qué no se mencionaron las restricciones legales para asociarse y manifestarse políticamente en Cuba o los recientes pronunciamientos de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional? ¿De qué manera las imágenes de una visita de una funcionaria estadounidense a un ciudadano cubano prueban que este es «agente asalariado al servicio de Estados Unidos»? ¿Dónde están los documentos que les vinculan financieramente o al menos las declaraciones incriminatorias del propio acusado o de algún representante del gobierno estadounidense? ¿Dónde quedó el respeto del principio de presunción de inocencia, que implica considerar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales? ¿Acaso el Noticiero Estelar es un tribunal?
Pero la gran revelación de esa noche fue un fragmento del video donde José Daniel Ferrer golpea su cabeza cuatro veces contra una mesa en una sala de interrogatorios y, a continuación, según confirman subtítulos, grita: "Quiñones me está metiendo". Hubo quienes se impresionaron con este hallazgo periodístico, quienes creyeron que se trataba de un doble, porque la filmación es de mala calidad y no permite distinguir con certeza su rostro, y quienes lanzaron las interrogantes obvias: ¿Qué pudo haber ocurrido antes de que golpeara su cabeza contra la mesa? ¿Qué pudo haber ocurrido después? ¿Qué tiempo llevaba en ese sitio y con qué fin?
El letrado Eloy Viera dice que no se atrevería a afirmar si en este caso fue legal o ilegal que se haya filmado al detenido varias veces sin su consentimiento, pero sí afirma que durante mucho tiempo se ha intentado que todo el proceso penal cubano se filme, por una cuestión de transparencia, porque sería la constancia más clara de que se cumplen las garantías de los acusados. Pero nunca se ha conseguido establecer esa práctica. "No se permite, ni a los abogados, tomar fotografías de los expedientes", sostiene Viera. "Puedo decirte que yo, por sacar una computadora en un juicio, casi soy sancionado. No estoy hablando de una cámara de televisión. Y para que una cámara pueda entrar en un tribunal tiene que ser autorizada por el presidente del Tribunal Supremo. Con esto te digo que no es común en lo absoluto que se filme un juicio; por tanto, qué vamos a hablar de un interrogatorio".
Para Viera, la filmación del aparente interrogatorio a Ferrer permite dos lecturas fundamentales: "La primera es que, si se trata de un delincuente común, y tú habitualmente no filmas un interrogatorio de ningún delincuente común, ni lo ofreces como una garantía, ¿por qué lo haces en este caso? Evidentemente estás buscando una garantía que pueda ser redituable políticamente. La segunda es que el instructor, sabiendo que se está grabando y que lo que necesita es dejar un recuerdo gráfico, no hace absolutamente nada para impedir la autoagresión, y es una responsabilidad de las autoridades que tienen bajo custodia al detenido impedir las autoagresiones, porque son indisciplinas graves y pueden acarrear otras consecuencias".
En los días que siguieron al 27 de noviembre, diversos medios y activistas se dieron a la tarea de desarmar, parte por parte, el "Frankenstein" del Noticiero Estelar. No había que ser demasiado sagaz. Bastaba con hurgar un poco en las redes sociales y en las publicaciones de los últimos años para descubrir cuánto se había manipulado la información difundida. Por ejemplo, los fragmentos del video de los hombres encapuchados y del supuesto fusil de asalto. Este último corresponde a una crítica que hiciera Ferrer en 2016 acerca de la lucha armada como método para "lograr el cambio que Cuba necesita", a raíz de una propuesta que le habría hecho un agente, en 2002, de alzarse en la Sierra Maestra.
Por otro lado, la escena de los encapuchados corresponde a un encuentro que sostuvo Ferrer en julio de 2018 con miembros de la supuesta Banda de los 63, durante el cual éstos revelan que habían sido contratados por Aurora Sánchez Gutiérrez -suponemos que sea Aurora Sancho Gutiérrez, periodista independiente que lleva años acusando a José Daniel Ferrer de abuso de poder- para secuestrar y torturar a opositores. Al parecer, los hombres de rostros cubiertos se arrepienten y deciden sumarse a la causa de UNPACU.
Sin embargo, la polémica sobre los encapuchados no acaba ahí. Si se hurga todavía más en las redes sociales es posible localizar al menos cuatro testimonios, correspondientes a julio y agosto de 2018, que colocan en entredicho las versiones de Ferrer y sus partidarios. En videos respectivos, tres jóvenes aseguran, ahora sin ocultar sus identidades, haber sido parte de aquellos encapuchados, pero insisten en que la Banda de los 63 no existe o, más bien, que nunca existió. Todo no habría sido más que pura ficción.
Uno de los tres muchachos, cuya voz es bastante similar a la voz del protagonista del video de Ferrer y la Banda de los 63, se identifica como Enmanuel Claramunt y precisa que Ferrer le daría 30 dólares a él y a sus amigos si participaban en un montaje "para darse publicidad en la prensa", porque no tenía "noticias". Solange de la Caridad Claramunt, ex miembro de UNPACU y de las Damas de Blanco en Santiago, y madre de Enmanuel, fue quien compartió los videos en Facebook. El perfil permaneció activo apenas durante un mes y parece haber sido abierto en concreto para realizar esas denuncias, aunque esto no prueba que sea falso.
Solange de la Caridad Claramunt también grabó su testimonio y lo colgó en YouTube. Dijo que José Daniel Ferrer se había aprovechado de "los problemas mentales" que presentaba su hijo y, casi al final, agregó: "Yo sí estoy dispuesta a luchar por los derechos de este país, para que todo el mundo tenga libertad de expresión, y todo, pero no utilizando a una banda de muchachos, a que hablen cosas y cuentos y mentiras y patrañas que no son".
En esa época, Julio Antonio López era activista de UNPACU y realizaba guardias en la sede dos veces por semana. Uno de los días en que estuvo de guardia, la Banda de los 63 se volvió real: tres de los muchachos del video de los encapuchados acudieron a la sede con tubos en la mano para reclamar a Ferrer que les pagara lo que les había prometido. "La UNPACU dejó de ser una organización para convertirse en una agencia publicitaria, y necesitaba en ese momento buscar noticias", dijo López a El Estornudo. Hasta hace poco, el video de la supuesta Banda de los 63 contaba con más de 54 mil visualizaciones.
El caso de Roberto Ayala salió a la luz el 15 de octubre de 2016. YouTube, una vez más, fue la plataforma de denuncia. En un video (al final del texto lo pueden ver) publicado a través de un canal llamado Machete Producciones, que no cuenta con ninguna otra entrada, Roberto Ayala acusó a José Daniel Ferrer de haberle propinado, en la sede de la UNPACU, "una golpiza salvaje, brutal" junto con otros cinco hombres, entre quienes habrían estado Yriade Hernández (aquella otra supuesta víctima de la Cronología que luego negaría serlo), Zaqueo Báez y Roilán Zárraga.
Ayala había ido a hablar con su líder para denunciar a Víctor Campa, coordinador de la organización en el municipio Palma Soriano. Según Ayala, Campa lo había agredido a él y a otro activista y se estaba apropiando de recursos que debía repartir. Su cita con Ferrer se había programado para ese día en la tarde noche. Le acompañaban Paula Aracelis Girón, su esposa en ese momento, la hija de ésta, una niña de 9 años, y otra pareja, Yanet Díaz y Osmay Vázquez, que eran miembros de UNPACU y pretendían transmitir quejas similares. Esta era la segunda vez que irían a tratar el asunto de Víctor Campa. Dos días atrás habían estado en la sede con igual propósito y Ferrer les había pedido que lo reprogramaran.
Osmay Vázquez, Roberto Ayala, Yanet Díaz y Paula Aracelis Girón formaban parte de UNPACU desde hacía varios años. En Palma Soriano -según Vázquez en entrevista con El Estornudo- eran de las caras más visibles de la oposición: ponían carteles en sitios públicos, participaban en marchas, promovían los principios políticos que compartían. Entre 2013 y 2016 cada uno sufrió más de 200 detenciones, calcula Vázquez. Había semanas en que les detenían tres veces, por su activismo, pero también les detenían en la calle sin motivos aparentes."Nosotros lo que estábamos haciendo era intentar resolver la situación que enfrentábamos en Palma Soriano, porque todo se iba de control", explica Vázquez.
El día de la cita, pasadas las once de la noche, después de esperar varias horas para entrevistarse con su líder, José Daniel Ferrer, Yriade Hernández y Ayala comienzan a discutir afuera de la sede. Hernández ofende verbalmente a Ayala: le dice "incapaz", que debería seguir el ejemplo de Osmay Vázquez, que creó una célula en su municipio, y demostrar su valor. Ayala responde que él no tiene que demostrar nada, que en las redes sociales constaba todo lo que él hacía. Hernández entonces propone que suban -es una casa de dos plantas- para analizar las cosas con Ferrer y terminar la discusión.
Abajo quedan Yanet Díaz, Paula Aracelis Girón, la niña y más personas. En la sede, de acuerdo con Vázquez, ese día había entre veinte y treinta activistas de distintas zonas. Ayala y Vázquez confían en que, en presencia de su líder, las cosas se aclararán. La esposa de Hernández, Maylin Isaac, también está presente y sube con ellos, porque había intervenido en la discusión. Vázquez no entiende bien qué fue lo que pasó luego. Dice que tan pronto subieron y llegaron a una especie de sala donde se impartían cursos y se realizaban reuniones, Hernández y Ayala se fueron a las manos.
Con la bulla que se arma, Ferrer sale de la habitación en la que se encontraba, seguido de dos hombres que Vázquez nunca antes había visto. Ferrer no pregunta nada, suelta un palo que llevaba en la mano, va sobre Ayala y le aplica una técnica por detrás: lo tumba al suelo y lo inmoviliza sujetándolo por el cuello y las piernas. Vázquez se encuentra ahora sentado en un sillón. Los hombres que nunca antes había visto le bloquean por el frente y por un costado. Uno le advierte que no interfiera, que la cosa no es con él. El cuerpo de Ferrer se encuentra debajo del cuerpo de Ayala, el cuerpo de Ayala está listo, expuesto, para recibir los golpes. Ferrer dice: "Yriade, golpéalo". Y Hernández lo golpea todo lo que quiere. Martha Beatriz Ferrer, hija del líder, entra y se lleva el palo que Ferrer había dejado a un lado. También están en la vivienda otros dos hijos de Ferrer (Fátima Victoria y José Daniel) y Liettys Rachel Reyes, su mujer en ese momento.
La esposa de Hernández baja. Aparecen Zaqueo Báez y Roilán Zárraga. Alguien apaga la luz. Hernández se cansa o se aburre de dar patadas y piñazos a Ayala, y los otros hombres lo relevan. "Yo no sé cómo no se murió, porque (Ferrer) prácticamente lo tenía asfixiado", dice ahora Vázquez. Por fin terminan. Se cansan o se aburren de dar patadas y piñazos, y José Daniel se quita de encima ese peso muerto que debió haber sido el cuerpo de Roberto Ayala. Lo sienta en una silla, como si fuera un muñeco, y se pone a darle galletas. "Pero duro", aclara Vázquez, pasados más de tres años.
Ayala tiene un ojo hinchado, bota sangre. Pide que no le den más. Casi ruega que no le den más. Y le siguen dando. Seis o siete "galletas" en total. Ferrer deja de golpear cuando Paula Aracelis Girón, desesperada, fuerza la puerta de la sala, entra a la escena y se pone a gritar que paren. Abajo había quedado su niña dando gritos bajo el cuidado de Yanet Díaz.
Entonces Ferrer sujeta a Paula Aracelis y le tapa la boca con una mano. Ella pierde el conocimiento. Ferrer intenta reanimarla y no lo logra. Luego Vázquez se la lleva escaleras abajo y la reanima con alcohol. Estuvo unos cinco minutos ida del mundo. "Lo que se vivió fue algo tan de terror, tan de terror, que ni la represión que hemos vivido por la dictadura fue tan grande como la de ese momento", asegura Vázquez. Si no pusieron una denuncia formal ante las autoridades fue porque sintieron temor tanto a la furia de Ferrer como a las burlas de las autoridades cubanas: "(Ferrer) lo mismo te golpea él que manda a que te golpeen», dice Paula Aracelis Girón, en entrevista con El Estornudo. "Días después, él nos mandó un muchacho que tiene problemas mentales, que ahora está cumpliendo prisión, para que nos cayera a puñaladas a Ayala o a mí. ¿Adónde íbamos a ir nosotros? Si aquí el régimen lo primero que nos iba a decir era "quién los manda a ustedes a meterse en eso".
En videos de abril, mayo y junio de 2017 Girón y Ayala refirieron que activistas de la UNPACU -identificaron, en particular, a Roberto Almaguer- les habían ofendido y amenazado en lugares públicos, incluso delante de la hija. "Ese hombre no tiene piedad con nadie. Un líder no hace eso de golpear a sus activistas. Si sus activistas reciben golpes del régimen y reciben golpes del líder, ¿adónde vamos a parar?, se pregunta Girón.
En un video compartido por el ex preso político guantanamero Abel López, quien fuera activista de UNPACU, José Daniel Ferrer cuenta, con orgullo, cómo enfrentó "al difamador y calumniador Roberto Ayala": "Como no me gusta, ni quiero ser político a lo tradicional, quien generalmente al peligro manda al subordinado, y como me gusta estar en la vanguardia, cuando mayor es el peligro ahí quiero estar con los míos, lo saqué de aquí a puñetazos. Agredió aquí a un coordinador de la organización, y me tomé el problema para mí y lo saqué de aquí a puñetazos".
Después de ser sacado "a puñetazos" de la sede, Ayala apenas podía sostenerse en pie por sí mismo; los otros tres activistas se lo llevaron casi a cuestas. Caminaron, poco a poco, unos tres kilómetros, mientras la niña que no paraba de llorar. No iría a ningún hospital en la ciudad de Santiago esa madrugada para no tener que lidiar con la policía. No iría a atenderse hasta el día siguiente, ya en Palma Soriano, y allí no diría nada sobre lo ocurrido. Vázquez recuerda que, un mes después de la golpiza, Ayala todavía echaba coágulos de sangre. "Decir la verdad nos va a hacer libres. Creo que permitir que José Daniel se salga con la suya sería convertirse en cómplice. Tampoco estoy de acuerdo cómo el régimen lo está tratando, fíjese. Como opositor, quisiera que fuera juzgado por los delitos que cometió", dice Vázquez.
Hay un aspecto de esta historia sobre el cual no se ha dicho mucho, pero que no debería pasarse por alto: José Daniel Ferrer se encuentra todavía bajo licencia extrapenal con una sentencia de 2003 que no termina hasta 2028. Ahora, ¿cómo influye o podría influir esto en su proceso?
Eloy Viera explica que "el hecho de que Ferrer sea beneficiario de una licencia extrapenal lo convierte oficialmente en una persona incompatible con el régimen penitenciario, pues solo se concede ese beneficio a personas que, por cuestiones de salud temporales o definitivas, no pueden permanecer recluidas. Su reclusión actual demuestra que las autoridades lo consideran una persona con las condiciones de salud necesarias para permanecer detenido, por tanto, debieron haberle revocado la licencia extrapenal y haber dispuesto que concluyera la extinción de su sanción en un establecimiento penitenciario. Lo que sucede es que políticamente la revocación de esa licencia extrapenal sería en extremo inconveniente".
El Estornudo: ¿En qué sentido?
Elov Viera: Primero, implicaría rememorar la Primavera Negra y su nefasto significado histórico para la justicia cubana y, segundo, reconocer que la solución que le dieron en 2011 a los procesados que permanecían recluidos fue política y no legal, o sea, reconocer que aquella causa estaba motivada políticamente, lo que convertiría a todos en presos políticos y no comunes. La influencia legal podría ser mucha, pero políticamente no creo que estén dispuestos a disponer de ese caudal.
EE: En un juicio, ¿esto cómo podría afectar los intereses del acusado?
EV: En la cuantificación de la sanción. Si el tribunal lo usa como referente puede disponer una sanción conjunta e imponerle una única sanción, con lo que le corresponda por este delito y lo que le falte por cumplir de la sanción que le fuera impuesta en 2003.
EE: Es decir, tendría que cumplir lo que le queda de la sentencia de 2003 en prisión.
EV: Claro, si consideran que esa es una sanción válida, como lo es, tendría que cumplir eso que le falta y esto nuevo. Daría lugar a una sanción que ronda los 15 años. Y en su condición de reincidente no podría aspirar a la libertad condicional hasta que no cumpliera tres cuartas partes de la sanción.
EE: Hacerle cumplir esa sentencia, sería revertir hasta en alguna medida las negociaciones de hace casi una década con la iglesia católica y el gobierno español.
EV: Ese es el tema, que esas negociaciones fueron políticas, y no se les dio una salida legal. La salida legal en ese entonces hubiese sido un indulto a todos los implicados. Y no se hizo. Por eso te digo que pueden olvidarse de esa sanción, como han hecho hasta ahora, pero legalmente no deberían hacerlo.
EE: Aunque se han olvidado solo hasta cierto punto, porque a quienes quedan en Cuba con licencia extrapenal le han restringido sus movimientos.
EV: Porque quienes están sometidos a licencia extrapenal, como siguen cumpliendo una sanción, tienen que estar sometidos al control de un juez de ejecución. Por eso digo que no puede descartarse como una variable ahora, porque si entienden que el costo político es asumible, lo harán; aunque yo creo que no, sobre todo después del pronunciamiento del Parlamento Europeo del pasado 28 de noviembre, porque, según la resolución que aprobaron, lo que ha pasado con Ferrer puede considerarse una violación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba que podría conllevar a su suspensión.
Con Roberto Ayala y Prudencio Villalón no acaban las denuncias contra José Daniel Ferrer. En redes sociales es posible localizar otros videos que recogen los testimonios de Emenelio Céspedes, Rafael Molina y Tomás Núñez Magdariaga, todos activistas de UNPACU hasta el momento de sus respectivos incidentes.
Emenelio Céspedes, en 2015, contó que él era secretario de una célula, pero se había visto obligado a renunciar porque presenciaba "falta de respeto, indisciplina, robo", y que, un tiempo después de su renuncia, José Daniel Ferrer lo mandó a buscar. "Allí fui acorralado por José Daniel, Ovidio (Martín), Vladimir, Yriade y Belkis Cantillo. Y Miralles. Allí me amenazaron; no se cansaron de decirme chivato, que yo estaba cooperando con la Seguridad del Estado".
En su testimonio, Céspedes sostuvo que lo que él denunciaba entonces venía sucediendo desde antes. "Robo, estafa, maltrato, lo mismo verbal que físicamente. Porque José Daniel Ferrer García se nombra un líder pacífico, pero el que es pacífico no le da golpe a nadie. Incluso a mí, ese día, después de amenazarme, me empujó contra la pared, y me hacía así en el pecho, y me dijo que él no me caía a mí a pingazos por consideración a mi hermana Rebeca Céspedes Hernández, que está en el exilio, que está en Nueva York, y que, si yo no me ponía de acuerdo con él, él me iba a poner en internet. Tú no puedes hablar de una dictadura, si tú estás implantando una peor. Entonces está desacreditando a todos los partidos que hay en Cuba. Para él, el único partido que existe y que sirve es la UNPACU. Eso es una forma de ser un dictador".
En 2019, en YouTube, en el canal de Aurora Sancho Gutiérrez, apareció el testimonio de Rafael Molina, un audio muy breve en el que se escucha a un hombre narrar que Ferrer le golpeó y que quiere cobrar venganza arrojándole mierda y picándole la cara. Molina confirmó a El Estornudo que quien habla en el audio es él, que la agresión ocurrió, que Ferrer sí le tiró "una galleta" (bofetada) delante de su esposa, Sucel Medina. Pero advirtió que no sabe cómo ese audio, que debe corresponder a una conversación telefónica, acabó en YouTube, y que la foto suya con la cual se acompaña, en la que aparece con un ojo hinchado, no guarda relación con el episodio narrado. La causa de la agresión, dice Molina, fue que él empezó en el Partido Nacionalista Cubano, organización con sede en Estados Unidos, y había creado filiales en Las Tunas, Holguín y Guantánamo.
También en 2019, Tomás Núñez Magdariaga denunció en Facebook haber sido discriminado por su orientación sexual y agredido verbalmente por Ferrer. Según Núñez, Ferrer le dijo que era mejor que estuviera preso que en la calle, porque preso daría más noticias. A partir de ese momento, decidió apartarse de UNPACU.
Luis Antonio López, Osmay Vázquez, Yanet Díaz, Rafael Molina y Tomás Núñez Magdariaga forman parte hoy de la Alianza Democrática Oriental, organización opositora fundada en 2004, que coordina el ingeniero y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina. En UNPACU, de acuerdo con declaraciones de ex miembros, cada vez quedan menos personas. En 2017 Roberto Ayala dijo que ya no contaba con tres mil activistas, que posiblemente no contaba ni con 300. "Aquí en Palma Soriano, que había ciento y pico, hoy no llegan a 30 activistas", precisó. Según Vázquez a finales de 2019 en Palma Soriano, no deben quedar más de cinco.
Vázquez lamenta el desenlace que ha tenido UNPACU, porque hubo una época en la que "aquello era una bendición", pero cree que los grupos opositores tienen que ser democráticos y pacíficos. "A nosotros nos caen a golpes y tenemos que poner las manos atrás, porque si no, nos acusan de desacato.Ya hemos sufrido mucho. Yo no tengo prácticamente nada. A mí me han hecho la vida talco. Y aun así sigo luchando por la libertad y la democracia de este país".
El Estornudo preguntó a Carlos Amel Oliva sobre la posición de UNPACU frente a las denuncias formuladas por Prudencio Villalón, Emenelio Céspedes, Roberto Ayala, Yanet Díaz, Osmay Vázquez, Paula Aracelis Girón, Rafael Molina y Tomás Núñez Magdariaga. La respuesta fue que todas esas personas habían sido expulsadas de la organización por una misma razón: "descubrimos que pasaban información al Departamento de la Seguridad del Estado". Con respecto al video donde José Daniel Ferrer cuenta haber sacado a Ayala de la sede "a puñetazos", Oliva dijo que "existe el derecho a la legítima defensa y que ese derecho incluye repeler proporcionalmente cualquier ataque a la integridad física y moral del individuo".
En marzo de 2016, durante la visita a Cuba del entonces presidente estadounidense Barack Obama, Raúl Castro tuvo que enfrentarse a la prensa internacional. Las preguntas que le formularon, desde luego, fueron incómodas. Un periodista de CNN, Jim Acosta, le preguntó por qué en Cuba había prisioneros políticos y por qué no los soltaba, y luego, la periodista de NBC Andrea Mitchell le preguntó sobre el futuro de las relaciones entre ambos países, dadas las diferencias existentes en la interpretación de temas como la democracia y los derechos humanos. Raúl Castro se exasperó, en especial con la primera interpelación. Respondió al periodista de CNN: "Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre, o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos, y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche, van a estar sueltos. Ya".
Más adelante, a la periodista de NBC: "En las instituciones, ya reconocidos, hay 61 instrumentos internacionales, etcétera. ¿Cuántos países, Andrea, del mundo, cumplen los 61 derechos humanos y civiles esos señalados ahí, en su conjunto? ¿Qué país los cumple todos? ¿Lo sabe usted? Yo sí. Ninguno. Ninguno. Unos cumplen unos, otros cumplen otros, y entre esos, estamos nosotros. De esos mencionados, 61 son, Cuba cumple 47; habrá otros que cumplan más, y muchos que cumplen menos. No se puede politizar el tema de los derechos humanos; eso no es correcto".
Tras esas declaraciones de Raúl Castro, varios medios internacionales se apuraron a ofrecer nombres de ciudadanos cubanos encarcelados por motivos políticos. BBC Mundo reseñó que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización no gubernamental independiente, ofreció por entonces 89 nombres. Todos esos reportes fueron impecablemente ignorados. Incluso Ben Rhodes, entonces asesor adjunto para la seguridad nacional de la Casa Blanca, aclaró que Estados Unidos durante dos años y medio había estado compartiendo listas de presos políticos con las autoridades cubanas, pero que la réplica había sido que esas personas se encontraban en prisión por otros delitos.
Es lo que pasa cuando no se politizan los derechos humanos: los ciudadanos encarcelados por ejercer los derechos a las libertades de asociación, prensa o expresión no son considerados luego prisioneros políticos. A fines de agosto de 2019, Amnistía Internacional publicó un breve informe en el cual reconoció la existencia de cinco "presos de conciencia" en Cuba, a quienes define como "personas encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos". Todos pertenecen a grupos políticos opositores; dos de ellos, a UNPACU. Pero, semanas después, a su listado se sumaría el nombre del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, sentenciado a un año de privación de libertad. El informe también señalaba la posibilidad de que la cifra fuera mayor, debido al "estrecho control que las autoridades cubanas continúan ejerciendo sobre la abogacía y la judicatura», y a la falta de acceso al país. Cuba es el único país de las Américas que no permite la entrada a dicha organización.
No obstante, el pasado 22 de noviembre Amnistía Internacional solicitó al presidente cubano Miguel Díaz-Canel que le permitiera ingresar a Cuba para observar y monitorear el juicio al líder de UNPACU. Para la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional la cifra de prisioneros políticos en Cuba es mucho mayor. Hasta junio de 2018, había documentado 120 casos y, al final del año, había registrado casi 2,900 detenciones por razones políticas -una estadística bastante esperanzadora con respecto al año anterior, que había cerrado con más de 5,100.
Si de algo ha sido culpable José Daniel Ferrer hasta ahora, es de oponerse al gobierno en un país donde es ilegal oponerse al gobierno. El proceso al que ha sido sometido y las campañas mediáticas que lo defienden o lo incriminan solo prueban que, por común que sea el delito que se le imputa, él no es un prisionero común. Si ahora se encuentra en prisión por sus ideas o por haber agredido a una persona, sigue siendo una cuestión no resuelta del todo, pero lo que parece evidente es que son mínimas las garantías para que esa cuestión se resuelva con justicia.
Mónica Baró
El Estornudo, 23 de diciembre de 2019.
Video inicial: Denuncias contra los hermanos José Daniel y Luis Enrique Ferrer que desde Estados Unidos hizo Meleidys Gómez el 7 de diciembre de 2019.
Ver también: Denuncias que activistas de la UNPACU hicieron contra José Daniel Ferrer y que con el título Los tigres de Más Ferrer subieron a You Tube el 15 de octubre de 2016.
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