Cuba no es país para opositores (I)

Tras varias semanas siendo objeto de graves acusaciones -desaparición forzosa, tortura y encarcelamiento de ciudadanos por motivos políticos-, tanto en redes sociales como en instancias de Naciones Unidas, el gobierno cubano finalmente echó mano de su arsenal mediático para defenderse. En Cuba la mayoría de los medios de comunicación, también los de mayor alcance, por lo inasequibles que aún resultan los servicios de Internet para gran parte de la población- pertenecen al Estado y responden a los intereses del único partido político autorizado a existir: el Partido Comunista de Cuba (PCC).

El periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del PCC, publicó el pasado 20 de noviembre un editorial en el cual acusó al gobierno estadounidense de dirigir "una nueva campaña de calumnias y descrédito contra Cuba" y de utilizar como pretexto "la detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer", a quien, rápidamente, presentó como un "agente asalariado al servicio de Estados Unidos". Dijo que "(el enemigo) impulsa (dicha campaña) frente al fracaso político de intentar rendir a los cubanos con el fortalecimiento del bloqueo económico y las medidas para privarnos de combustible, y ante la demostrada capacidad de resistencia de nuestro pueblo, que celebra con optimismo el 500 aniversario de la capital".

Sin embargo, según Granma, José Daniel Ferrer no fue detenido el 1 de octubre de 2019 en la ciudad de Santiago de Cuba por "contrarrevolucionario". Decir eso hubiera significado decir que es un prisionero político. Y sabemos que si algo saca de sus cabales a Raúl Castro, secretario general del PCC, es que le hablen de prisioneros políticos y violaciones de derechos humanos en Cuba.

El diario oficial dijo que José Daniel Ferrer llevaba casi dos meses preso porque un ciudadano lo acusó de haberle secuestrado durante toda una noche, en complicidad con otros tres opositores, y de propinarle "una severa golpiza" que le dejó "en condiciones de ingreso hospitalario". Dijo también que el presunto agresor cuenta con "una trayectoria delincuencial" que se remonta a 1993 e incluye el desorden público y el uso de violencia física contra hombres y mujeres, y que de todo esto existen "pruebas suficientes". Ferrer, por tanto, sería juzgado por un delito común, al igual que los otros tres implicados.

"Todas las referencias a su desaparición física", afirmó Granma, "al supuesto maltrato físico, a la tortura o a que recibe insuficientes alimentos son puras mentiras deliberadamente concebidas y orientadas por el Gobierno de Estados Unidos y su Embajada en La Habana. Ha contado con la debida atención médica, realiza ejercicios físicos regulares y, ante solicitud realizada, se le facilita asistencia religiosa". Ha contado, además, con la visita -en singular- de su esposa y de sus hijos.

El editorial fue incluso un poco más lejos. Acusó directamente a Mara Tekach, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, de concentrarse durante los últimos meses "en el fallido propósito de reclutar mercenarios, de promover la división y la confusión en nuestro pueblo, de identificar las áreas de la economía contra las cuales dirigir las medidas coercitivas, y en tratar de calumniar y desacreditar la gestión del Gobierno cubano y a la Revolución". Esa misma noche, el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana se sumaría a la cobertura del caso de Ferrer, es decir, leería el editorial de Granma. Sería apenas el inicio de otra espectacular demostración de las facultades de la prensa estatal para hacer propaganda en lugar de periodismo.

José Daniel Ferrer García, santiaguero de nacimiento, es uno de los sobrevivientes de la Primavera Negra de 2003, la cruzada represiva emprendida por Fidel Castro que encarceló a 75 activistas políticos y periodistas independientes con sentencias de hasta 28 años de privación de libertad. Para Ferrer la fiscalía primero pidió pena de muerte. Fue condenado finalmente a 25 años. En esa época él integraba el Movimiento Cristiano Liberación, organización opositora dirigida por Oswaldo Payá Sardiñas, quien tuvo la romántica idea de recoger más de 10 mil firmas para promover cambios democráticos en la Constitución mediante una iniciativa llamada Proyecto Varela. A Payá no lo encarcelaron en 2003 por su intento de tumbar cordialmente la dictadura de Castro, pero muchas de las víctimas de la Primavera Negra estuvieron vinculadas con el Proyecto Varela.

Payá moriría en 2012, junto a Harold Cepero, miembro de su organización, oficialmente en un accidente de tráfico. Otro de los episodios controversiales que conforman la historia nacional de las últimas décadas, como la supuesta sedición del comandante Huber Matos en 1959, que le costó 20 años de prisión; la Causa Número 1 de 1989, que condujo al fusilamiento de Arnaldo Ochoa, Antonio La Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón, o el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, en 1994, que dejó 41 víctimas mortales, diez de ellas menores de edad.

En 2010, Raúl Castro ya había relevado en la presidencia a su hermano Fidel y se dio a la tarea de remediar o al menos atenuar la pésima reputación internacional que la Primavera Negra había ganado para Cuba. Luego de negociaciones con la iglesia católica y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Raúl Castro accedió a excarcelar a todos los prisioneros políticos del Grupo de los 75 y a mandarlos con sus familias hacia España. Algunos habían sido previamente liberados por razones de salud. No podemos asegurar que a Raúl Castro lo movían entonces sentimientos de justicia, o el respeto básico a los derechos humanos y las libertades civiles y políticas. En todo caso, lo importante era deshacerse de una situación incómoda y, de paso, enviar el mensaje de que ahora Cuba estaba más dispuesta a abrirse, a cambiar, a normalizarse.

En abril de 2011 ya habían arribado 762 cubanos no deseados a España: 115 expresos políticos y 647 familiares de los mismos. Es decir, esa ola superó cuantitativamente al Grupo de los 75. Sin embargo, no todos los veteranos de 2003 accedieron a irse definitivamente de la isla. Una minoría -entre diez y quince personas- decidió quedarse. Según Martha Beatriz Roque Cabello, la única mujer del Grupo, solo nueve (ella incluida) permanecen hoy en Cuba. José Daniel Ferrer es uno de ellos.

Cuando salió de prisión en marzo de 2011, Ferrer tenía 40 años y suficientes ganas de seguir en la oposición interna. Las restricciones a las libertades de asociación, prensa y expresión continuaban igual de saludables que en 2003 -lo continúan estando a finales de 2019-, y para colmo, él, al igual que otros, había salido bajo licencia extrapenal, lo cual significaba que la sanción impuesta no finalizaría hasta 2028 y que hasta entonces podría enfrentar limitaciones para salir del territorio nacional. Aun así, en agosto de 2011, fundó un grupo opositor en su ciudad natal: la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.

Hacia febrero de 2013, en un intento de unir fuerzas y "acelerar el proceso de transición pacífica hacia la democracia", UNPACU se fusionó con el Foro Antitotalitario Unido, liderado por el opositor villaclareño Guillermo Fariñas, célebre por emplear la huelga de hambre como estrategia de lucha -se le contabilizan unas 23- y por recibir el Premio Sajarov a la libertad de conciencia en 2010. Pero dicha fusión, que no encabezaron ni Ferrer ni Fariñas sino el profesor matancero Félix Navarro, otra víctima de 2003, no duró mucho. Se disolvió entre finales de 2014 y principios de 2015.

Dentro y fuera del país existen hoy decenas de organizaciones opositoras, pero la UNPACU se define a sí misma como la "organización de activismo político no violento más numerosa y activa de Cuba". (Suponemos que no toman en consideración a las "organizaciones políticas y de masas" oficiales). Según sus propios datos, cuenta con más de 3 mil integrantes activos en 122 células y con 25 sedes en todo el territorio nacional. Ferrer, como su coordinador general, es una de las figuras más mediáticas de la oposición interna. En Google, si colocas sus dos nombres con su primer apellido, obtienes cerca de 20 millones 500 mil resultados de búsqueda.

Pero, en honor a la verdad, a Ferrer no se le puede considerar una amenaza seria para el poder, porque no se le puede considerar un líder nacional, ni siquiera se le puede considerar un líder con apoyo masivo a escala provincial. En Santiago de Cuba, Ferrer tiene un rival importante: Lázaro Expósito Canto, primer secretario del PCC en el territorio, quien es uno de los pocos dirigentes comunistas -si no el único- con verdadero respaldo popular debido a su gestión.

Ferrer no es un tipo simpático. Tiene cara de pocos amigos y habla como si tuviera los labios presillados. Su proyección en entrevistas o en videos de UNPACU recuerda las maneras de los militares. Personalmente, no me agrada escucharlo. Habla parecido a cualquier dirigente partidista tradicional, ésos que se dan golpes en el pecho. Yo me atrevería a asegurar que, en unas elecciones, Ferrer perdería frente a Expósito. Probablemente el mismo presidente Miguel Díaz-Canel, que nunca tuvo que ganarle a nadie para serlo, perdería frente a Expósito. Pero es indiscutible que Ferrer ha perseverado mucho como opositor en una región que históricamente ha sido el polvorín de las revoluciones en la isla.

Una de sus últimas movidas fue aliarse con Cuba Decide, plataforma no partidista que desde Miami lidera Rosa María Payá Acevedo, la hija de Oswaldo Payá Sardiñas, y convocar a una manifestación, el pasado 8 de septiembre, para rechazar la represión contra la sociedad civil y la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Era día de la Virgen de la Caridad del Cobre, cuando miles de devotos peregrinan hasta su santuario en Santiago.

La cosa empezó a promoverse como la "marcha de los girasoles", porque los girasoles son las flores por excelencia de la Patrona de Cuba. En Miami se realizaría una acción simultánea, con la diferencia de que allá disponen de libertades para manifestarse en los espacios públicos. Pero, con tanto anuncio en las redes sociales, la primera en llegar a la cita fue la policía: se realizaron detenciones y todo acabó antes de empezar. Ferrer, por supuesto, estaba entre las decenas de activistas que la organización reportó como detenidos el 8 de septiembre. Esa vez lo retuvieron unas 72 horas en prisión. No duraría ni un mes en la calle.

Al amanecer del pasado 1 de octubre, la sede de la UNPACU -tres viviendas, incluida la del propio Ferrer, en el reparto Mármol de Santiago de Cuba- fue intervenida mediante un operativo policial que culminó con la detención de Ferrer y otros seis activistas. En los días siguientes, la UNPACU comenzaría la campaña por su liberación -que lo define como prisionero político- y por su derecho a recibir un trato justo de las autoridades.

El blog oficialista Santiago Arde llevado por "una joven santiaguera de pura cepa con conciencia revolucionaria y fidelista", fue el primer sitio donde leí, el 11 de octubre, un trabajo sobre el caso titulado ¿Por qué José Daniel Ferrer García se encuentra en prisión?. El trabajo contaba la misma versión que contaría Granma cuarenta días más tarde: Ferrer agredió junto con tres hombres a Sergio García, Sergio García fue hospitalizado, Sergio García le denunció.

Se basaba en dos fotos y un video de tres minutos y 25 segundos publicados desde el 9 de octubre en el Facebook de Erlandi García, hijo de Sergio García. (Ciertamente, el perfil parece haber sido creado en específico para presentar esta acusación, y más tarde el post original fue eliminado del mismo, aunque nada de ello descalifica necesariamente la denuncia realizada en primer término). En las fotos lo único que se mostraba era un hombre en una sala de hospital, con heridas en la espalda. Y digo "un hombre" porque no puede asegurarse que se trate de la presunta víctima; la única fotografía donde sale de frente está desenfocada y el rostro no se distingue bien.

Mientras, en el video, Sergio García, quien se presenta como activista de UNPACU, declara "a Cuba y al mundo» que se siente bastante bien tras el incidente ocurrido en Santiago de Cuba con José Daniel Ferrer y otros tres hermanos de lucha"; que "es algo bochornoso y doloroso", que nunca pensó que eso llegara a suceder: «ser agredido por mi propia familia». (El Noticiero Estelar de la Televisión Cubana, al poner esta declaración el 27 de noviembre, suprimiría esa frase: "por mi propia familia").

Además, García informa que tuvo que salir de Mayarí, Holguín, como medida de seguridad, debido a ciertos rumores ("había santiagueros localizando mi vivienda, no sé con qué fin"), y advierte que si algo le sucede a él o a su familia la responsabilidad sería de José Daniel Ferrer García. Pero, justo aquí, a partir del segundo minuto, es cuando el video comienza a ponerse interesante, porque, lejos de dar detalles sobre el incidente, Sergio García aprovecha para reivindicar su lucha contra el régimen cubano y defender su honra de opositor:

"Quiero que sepa (Ferrer) que miedo no le tengo, ni a él ni a nadie, porque si llevo tantos años luchando, desde muy joven, es decir que ya a esta fecha no siento temor ni por él ni por nadie, y que el mundo lo sepa. Me voy a mantener luchando, me voy a mantener en la oposición hasta que muera, porque parece que este es mi destino. Pero sí quiero que el mundo sepa que mientras haya un líder abusador, prepotente y asesino, torturador…, no sé… de la forma más cruel que se pueda llamar a una persona, frente a una organización, no va a triunfar la oposición en Cuba. Porque ningún líder, pienso yo, está facultado para agredir a ningún activista, ni para humillarlo, ni para ofenderlo, ni simplemente para expulsarlo porque le dé la gana de expulsarlo, por caprichos personales, y luego desacreditarlo en las redes sociales subiendo el panfleto de que son enviados por la Seguridad del Estado, que trabajan para la policía política y esas cosas. Él tiene en sus manos muchas evidencias de mi trabajo, de toda la golpiza que he recibido por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) aquí en Cuba; trabajo que nunca ha subido, muchas denuncias que nunca han llegado a las redes sociales, no sé por qué".

El blog Santiago Arde omitió por completo este fragmento. También sería omitido el 25 de octubre en el blog Cambios en Cuba, en el editorial del periódico Granma del 20 de noviembre y, parcialmente, en el reporte del Noticiero Estelar de la Televisión Cubana del 27 de noviembre, cuyos realizadores se limitarían a incluir los calificativos que García dedicara a Ferrer.

El gobierno de Estados Unidos no se quedó callado tras el citado editorial de Granma. El 22 de noviembre, el secretario de Estado, Michael Pompeo, condenó "las acusaciones infundadas del régimen de Castro" contra Mara Tekach y afirmó que constituían un intento de distraer la atención de la comunidad internacional respecto a la detención arbitraria del disidente José Daniel Ferrer. El alto funcionario argumentó que la labor que Tekach desarrolla en La Habana es coherente con la misión de defender los derechos humanos e impulsar la causa de la democracia en Cuba y aclaró que se trata de algo que hacen los diplomáticos estadounidenses en todo el mundo.

A propósito de Tekach, habrá que recordar que La Habana, pese a una desigual correlación de fuerzas, también ha hecho de las suyas en territorio estadounidense. Tras la expulsión en septiembre pasado de dos funcionarios de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas, en Nueva York, el periodista Wilfredo Cancio Isla en CiberCuba se refirió a más de 60 casos de diplomáticos cubanos expulsados o declarados persona non grata desde 1962 por Estados Unidos debido a "actividades nocivas a la seguridad nacional".

La nota cita a un exviceministro cubano de Relaciones Exteriores y exjefe de la Misión ante la ONU (1992-1994), así como a un exoficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (ambos radicados fuera de Cuba), que confirmaron el uso de personal diplomático cubano para labores de inteligencia en Estados Unidos. Algo que el gobierno de la isla siempre ha justificado como un ejercicio de legítima defensa, puesto que en aquel país se han organizado acciones, incluso con participación de la Agencia Central de Inteligencia, que han atentado contra su soberanía, como la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, en 1961.

El vecino del norte -lo sabe cualquiera con un mínimo de información- tampoco es el ejemplo más feliz tampoco es el ejemplo en cuanto a respeto de los derechos humanos. Estados Unidos registra la mayor tasa de encarcelamientos del mundo; los trabajos a que son sometidos sus prisioneros, sobre todo afrodescendientes, se consideran a menudo una forma de "esclavitud moderna", y abundan los reportes de tratos crueles y degradantes en sus cárceles. La diferencia estriba en que allá los medios, sin distinciones, pueden reportar y denunciar esas problemáticas y acceder con frecuencia a los funcionarios públicos involucrados. De igual modo, los activistas pueden asociarse libremente para reclamar justicia social y respeto de los derechos humanos universales.

En todo caso, ni el señalamiento de las diferencias entre los sistemas de Cuba y Estados Unidos, ni un repaso del conflicto histórico bilateral, arrojarían -pese al cruce de declaraciones entre gobiernos- una luz definitiva sobre lo que de veras es relevante en esta historia: establecer si un opositor político cubano acusado de agredir a un hombre en realidad se encuentra detenido por ese delito o por sus ideas y su labor política.

José Daniel Ferrer, Fernando González, José Pupo y Roilán Zárraga, según la UNPACU, permanecieron más de 30 días desaparecidos, sin que se supiera cuál era su paradero exacto, en qué condiciones se encontraban o de qué delito se les acusaba. De los siete activistas detenidos el 1 de octubre, solo cuatro fueron liberados en el curso de 72 horas.

Uno de los liberados, Sandy Ramírez, a los pocos días contó en un breve video que había declarado en contra de su líder tras ser amenazado con la cárcel por un oficial, pero que lo dijo sobre la agresión a Sergio García era mentira, que él no sabía nada de eso. Ramírez se excusó diciendo que sintió miedo. No es la primera vez que alguien denuncia haber sido coaccionado por las autoridades en Cuba para obtener declaraciones. (Recordemos el caso del político español Ángel Carromero, quien una vez fuera de la isla su testimonio sobre la muerte de Oswaldo Payá). Pero la acusación del propio Sergio García, y otras que se verán más adelante, relativas al empleo de violencia por parte de miembros de la UNPACU obligan a preguntarnos lo siguiente: ¿no pudiera Sandy Ramírez haber mentido en realidad, por miedo, tras ser liberado?

El 12 de octubre, la UNPACU y la organización española Cuban Prisoners Defenders presentaron una denuncia a nombre de José Daniel Ferrer ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para solicitar auxilio y protección. En la misma expusieron su versión de los acontecimientos, los antecedentes y las evidencias (una de las principales, el video de Sandy Ramírez).

De acuerdo con este documento, entre enero y agosto de 2019, viviendas de miembros de la UNPACU, fueron asaltadas y allanadas en 31 ocasiones, mientras que Ferrer, el líder del movimiento, desde su salida de prisión en 2011, ha enfrentado más de cien detenciones sin cargos. Lo ocurrido ahora, señalaban, no es algo nuevo. Ferrer, junto con el activista Ebert Hidalgo, fue detenido en agosto de 2018 por una acusación de "asesinato en tentativa" de un oficial del Ministerio del Interior. Quedó libre en menos de 15 días, sin que la acusación hubiera sido levantada.

Para el 29 de octubre último, el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emitía una nota que expresaba «grave preocupación por la integridad física y psicológica del señor José Daniel Ferrer García» y urgía a Cuba, como Estado parte, a tomar una serie de medidas que garantizaran el respeto a sus derechos -como informar sobre su paradero y permitirle visitas de sus familiares y acceso a un abogado- antes del 12 de noviembre.

En la mañana del 7 de noviembre, Ferrer recibió por fin la visita de su esposa y sus tres hijos. Habían transcurrido 33 días desde la última vez que Nelva Ortega le había visto en el centro de operaciones de la Seguridad del Estado de Versalles. Sobre Zárraga, González y Pupo no se tuvieron noticias hasta el 8 de noviembre, cuando la hermana del primero, Ana Gloria Zárraga, logró visitarlo en la Unidad Provincial de Instrucción Penal, en Santiago de Cuba, y supo además que González y Pupo se hallaban prisioneros en el mismo sitio. Ninguno de estos dos ha recibido visitas, según explicó a El Estornudo Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva de la UNPACU, porque no se le conocen familiares y las autoridades solo otorgan visitas a familiares.

El auto de imposición de medida cautelar no llegaría a manos de la familia de Ferrer, según Nelva Ortega, hasta el 15 de noviembre, aunque tendría fecha del 7 de octubre. La visita a Ferrer derivó en una nueva denuncia. Ese mismo día la dirección de la UNPACU publicó un comunicado en el que advirtió que "al opositor le están asesinando lentamente" en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba. El comunicado, que se basa en el testimonio de Ortega sobre lo que pudo contarle su esposo y percibir ella misma en los cinco minutos que habría durado la visita, es el relato de una feria de horrores.

En resumen, sostiene que Ferrer perdió más de la mitad de su peso, apareció con la cara rayada y hematomas en varias zonas del cuerpo y apenas pudo abrazar a su familia debido a la pérdida de fuerza muscular; que realizó una huelga de hambre por 25 días en protesta por el mal estado del agua y los alimentos que le daban; que le ubicaron en una «celda de castigo» junto a un preso agresivo que le habría golpeado en reiteradas ocasiones y amenazado con un arma blanca; que le habían arrastrado provocándole quemaduras por fricción; que solo había recibido atención médica una vez; que le habían repetido que no saldrá vivo de ese sitio; que la visita finalizó con Ferrer rasgándose el uniforme carcelario que le habrían puesto a la fuerza para que la familia apreciara los signos de las torturas sufridas.

Después de eso era solo cuestión de tiempo que el gobierno cubano se pronunciara (aunque demoró bastante). El escándalo ya no solo incluía una acusación de desapariciones sino también de torturas. Entre los principales medios oficiales, Cubadebate rompería el hielo el 19 de noviembre. Ocho días, Granma le dedicaría espacio al caso Ferrer, y el 28 de noviembre la Televisión Cubana presentaría un reportaje que se convertiría "el palo periodístico del año", que tanta polémica y parcialización ha generado.

Las acusaciones todavía van y vienen como balas en un Western. Aunque es preciso no olvidar que el gobierno dispara desde una posición privilegiada, con los sistemas judicial y mediático del país a su favor, mientras que UNPACU dispara en cierto modo -aparte de la campaña de denuncia en el exterior y en las redes sociales- con las manos atadas, pues es un grupo opositor en un país donde no existe libertad de asociación ni separación de poderes.

Eloy Viera trabajó como abogado defensor durante siete años en Cienfuegos y La Habana, entre 2010 y 2017. Actualmente es parte del equipo de la publicación independiente El Toque, la cual, si bien posee una línea editorial diversa, en los últimos años se ha especializado en coberturas de temas jurídicos y constitucionales.

El 19 de noviembre, Viera publicó un análisis en el cual explicó que lo ocurrido tras la detención de José Daniel Ferrer, en particular con la solicitud de habeas corpus que presentara la familia del acusado en el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba y que fuera rechazada en menos de 72 horas, sin que los jueces cumplieran debidamente los procedimientos establecidos en las leyes, no es una excepción sino una regla en el sistema cubano. Refiere que en el informe rendido por Cuba en el Examen Periódico de Derechos Humanos, al que se sometiera en 2018, se documentó que los tribunales del país habían tramitado, entre 2010 y junio de 2017, un total de 156 procesos de habeas corpus, pero que apenas ocho habían sido aprobados y habían llevado a la liberación inmediata del detenido.

El habeas corpus, definido por Viera como "el instrumento legal diseñado para la protección de los ciudadanos ante las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias", es un recurso que él considera, se encuentra en la isla desligado de los estándares internacionales del debido proceso, al igual que el diseño de gran parte del proceso penal. Para Viera, las irregularidades apreciadas en el caso de Ferrer se deben, en gran medida, a que "en Cuba la supervisión de la legitimidad y legalidad de estas situaciones no le corresponde a un juez sino a quien tiene como principal obligación perseguir delitos y representar al Estado para lograr su juzgamiento: la Fiscalía". Lo que hicieron los jueces fue negar al implicado la posibilidad de que un tribunal "imparcial" evaluara las causales de su detención, sus circunstancias y legalidad.

Lo inusual fue que la familia de Ferrer no recibiera el auto de imposición de medida cautelar de prisión provisional hasta el 15 de noviembre, es decir, hasta 45 días después de la fecha de detención, cuando las leyes cubanas estipulan que la fiscalía debe imponerlo en un plazo de siete días a partir de la detención. ¿Y esto qué significa? Básicamente que la familia de Ferrer no podía nombrar a un abogado y que el derecho a la defensa del acusado estaba siendo violado. "No es común, en lo absoluto, y pudo haber sido una de las razones por las cuales se dijera que el expediente había sido declarado secreto por razones de 'interés estatal', pero incluso si el expediente fue declarado secreto, no había ninguna razón para que a la familia se le notificara el auto de imposición de medida cautelar 45 días después de la detención. Que el expediente se declarara secreto solo impedía al abogado acceder a las actuaciones, a las evidencias de la fiscalía, no contactar con el detenido, solicitar una modificación de la medida cautelar o proponer pruebas a su favor, aunque fuera a espaldas a las actuaciones".

Pero, de acuerdo con Carlos Amel Oliva, hasta el 19 de diciembre, la familia no había designado a un abogado, y tampoco había ocurrido una segunda visita a Ferrer en la que pudieran consultar con él esta decisión. Para Viera, es lógica esta reserva: "Cuál es la confianza que pudiera tener un opositor a la hora de contratar a un abogado de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la única organización que provee servicios legales en Cuba, que se identifica con el gobierno, aunque se reconozca como no gubernamental".

El Estornudo: Me genera dudas el delito por el cual se acusa a José Daniel Ferrer y a los otros tres activistas: lesiones. En Cuba sabemos de peleas, incluso con armas blancas, que no son procesadas. En tu experiencia, ¿qué tan frecuente era que estos casos se procesaran?

Eloy Viera: Los delitos de lesiones sí es común que se juzguen, pero sucede lo siguiente: para que un delito de lesiones se configure, las lesiones necesitan tratamiento médico. Si no tiene un efecto que implique un tratamiento médico, no constituye un delito, simplemente pudiera quedar en el marco de un desorden público, una contravención, pero no un delito. En este caso, a Ferrer se le imputa un delito de lesiones graves, que son aquellas que dejan secuelas en las personas o ponen en peligro su vida, y lo que está diciendo la fiscalía, de acuerdo con el auto de medida cautelar, es que Sergio García tuvo que ser ingresado después de ser golpeado. Desde mi punto de vista, a Ferrer no solo le van a imputar un delito de lesiones graves, porque desde la misma narrativa de la fiscalía se desprende que también le puedan imputar un delito de privación ilegítima de libertad, lo que se conoce como secuestro, por tanto, probablemente sí lo enjuician por este hecho en particular pudiera responder por dos delitos.

EE: ¿Bastaría con la denuncia de un ciudadano, con su palabra, para considerarlo culpable? Porque hasta ahora no se ha hecho pública otra evidencia que no sea el testimonio de Sergio García.

EV: No va a ser ni el primero ni el único caso en el cual se enjuicie y sancione a alguien con el testimonio de una sola persona, porque en los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, como abusos lascivos, corrupción de menores, violaciones, casi siempre el único testigo del hecho, como se produce en la intimidad, es la víctima del delito. Lo que sucede es que el caso de José Daniel Ferrer, por la mediatización que ha tenido, no tendrá un único testigo. Que la denuncia la formule una sola persona y que el hecho se haya cometido en contra de una única persona no quiere decir que la fiscalía presente un único testigo. Hay testigos que no pueden declarar con relación al hecho, porque a lo mejor el hecho se produjo en la intimidad, como pudo haber sido este, que teóricamente se produjo al interior del domicilio de Ferrer, y no lo presenciaron, pero podrían corroborar el carácter violento del acusado y que conductas como esas las ha reproducido en otras ocasiones. Serían testigos circunstanciales, que aportarían al tribunal elementos para romper la duda razonable que pudiera existir con relación a si el acusado acometió un delito de este tipo o no.

EE: En el contexto de Cuba, donde la mayoría de los medios de comunicación pertenecen al Estado y obedecen al Partido Comunista, ¿puede interpretarse como violación del debido proceso una cobertura mediática que presenta a José Daniel Ferrer como culpable sin haber ido a juicio?

EV: Evidentemente la cobertura de los medios oficiales ha sido contraria al principio de presunción de inocencia y contraria al principio del debido proceso, porque la Constitución reconoce que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y no se demuestra lo contrario hasta tanto no sea judicializada con una sentencia firme, hasta que no se agoten todos los recursos que tiene la persona para combatir la sentencia. Y este es el mismo argumento que en Brasil se ha utilizado para Lula da Silva, que incluso fue condenado en una segunda instancia. Por tanto, lo que están haciendo los medios es contrario al debido proceso y es la muestra más clara de que José Daniel Ferrer no está siendo sometido a un proceso sin vicios. Basta una oración muy significativa del editorial de Granma: "Sobre todo esto existen pruebas suficientes". Los únicos que pueden decir si las pruebas son suficientes para determinar la responsabilidad de una persona son los jueces que lo van a sancionar. Mover todo el aparato mediático en ese sentido lo único que hace es presionar a unos jueces que no se sienten independientes, que de hecho no son independientes porque la judicatura no es completamente independiente, y desconocer los derechos de José Daniel Ferrer.

EE: ¿La familia de Ferrer podría demandar por eso a los medios?

De acuerdo con la normativa vigente, la familia podría demandar a los medios quizás por una posible afectación del derecho moral de José Daniel Ferrer, porque no solo se vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que se habla de otros cargos que, en primer lugar, no le son imputados. Porque a él no le ha sido imputado «mercenarismo». Eso es una afectación del derecho al honor de una persona. Ahora, no podrían ser los familiares; tendría que ser el propio José Daniel Ferrer, la persona afectada, quien interponga la demanda, y para eso tendría que hacer un poder desde la prisión.

EE: En la situación en que se encuentran Ferrer y los otros activistas encausados, ¿a cuántas visitas habrían tenido derecho desde sus detenciones?

EV: Un detenido que está en prisión provisional tiene muchos más beneficios que una persona que ha sido sancionada; el régimen de visita y de disciplina es diferente. No te puedo decir cuál es porque el reglamento disciplinario de prisiones es una norma interna, secreta, del Ministerio del Interior, a la cual nosotros no tenemos acceso. No puedo decirte si es cada 15 días, si es cada 21 días, pero lo cierto es que quienes están en prisión provisional tienen un tratamiento diferente a los sancionados. Están en un destacamento aparte y tienen un régimen de visitas y de comunicación diferentes; eso te lo puedo decir.

La denuncia de Sergio García no es la única de su tipo sobre la que hay noticias. El 19 de noviembre, Cubadebate reprodujo una Cronología de actos violentos del delincuente José Daniel Ferrer, que el 25 de octubre había publicado el blog oficialista Cambios en Cuba y en la cual se reportan otros siete casos que habrían tenido lugar entre 2013 y 2018. Los nombres de las supuestas víctimas son: Liudmila Cedeño, Prudencio Villalón, Ernesto Jiménez, Yusmila Reyna Ferrera, Roberto Ayala, Liettys Rachel Reyes e Yriade Hernández.

A los pocos días, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders y representante de la UNPACU en la Unión Europea, publicó dos videos que cuestionaban las afirmaciones realizadas por la prensa estatal. En el primero, cuatro de las supuestas víctimas de la cronología de actos violentos, alegaron que nunca habían sido agredidas o violentadas por José Daniel Ferrer. Dos de ellas, Yusmila Reyna Ferrera y Liettys Rachel Reyes, son exparejas del supuesto agresor y madres de dos de sus hijas, mientras que las otras, Liudmila Cedeño e Yriade Hernández, son exactivistas de UNPACU. En el segundo, Larrondo mostró de lejos la sentencia que el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, había impuesto a Ferrer en 2003, y destacó que en ella los jueces reconocieron que al sentenciado no le constaban antecedentes penales hasta ese momento y, además, que nunca había incurrido en manifestaciones violentas porque aspiraba a "ser ministro" algún día, todo lo cual contradice la versión de Granma sobre una trayectoria delincuencial que databa de 1993.

Sin embargo, Larrondo tergiversó el contenido de la sentencia y omitió información relevante. Es cierto que en ella se lee que hasta 2003 Ferrer no contaba con antecedentes penales, pero no es cierto que no le atribuyeran entonces manifestaciones violentas. Un fragmento de la sentencia dice así: "Al momento de cometer los hechos se encuentra desvinculado laboralmente, se caracteriza por ser una persona problemática con sus vecinos y hasta con su propia familia llegando a maltratar físicamente a su madre cosa esta que aún realiza. Estuvo involucrado en reiteradas ocasiones en riñas, fue militante de la UJC, comienza a tener ideas contrarias al socialismo a partir del año 1997, intelectualmente arroja un coeficiente de inteligencia que lo sitúa en los límites bajo de inteligencia con pobre adaptación al medio, de ostentación de una intelectualidad y de aspiración por encima de sus aspiraciones reales (supongamos que quisieron decir capacidades) reales, surgiendo dentro de él la (sic) interés de ser un ministro luego de la supuesta caída de la Revolución y el Socialismo en Cuba, y su trabajo lo encamina sobre esa base, a pesar de tener una personalidad agresiva, simula un actuar diferente por los propósitos que lo alientan y no les (sic) constan antecedentes penales".

El Estornudo contactó con Larrondo para averiguar si había un error en la copia de la sentencia a la que había tenido acceso, pero Larrondo facilitó un enlace a un sitio que reproducía el mismo texto consultado antes. Cuando se le preguntó, vía WhatsApp, por qué había omitido en el video la información que mostraba a Ferrer como una persona violenta, Larrondo no ofreció respuestas satisfactorias. Primero, dijo que la periodista debía leer bien la sentencia. Cuando a continuación se le copió en la conversación el fragmento aquí citado, no dijo mucho más. Larrondo insistió en defender el hecho de que, antes de 2003, Ferrer no tenía antecedentes penales, y luego vino lo extraño: eliminó todos sus mensajes en la conversación de WhatsApp y bloqueó toda vía de comunicación.

Es posible que en la redacción del fallo se exageraran los hechos, o se mintiera, pero lo que resulta evidente es que Javier Larrondo manipuló deliberadamente su contenido en el reciente alegato a favor de José Daniel Ferrer. Eligió solo aquella información que servía para refutar al gobierno cubano y encubrió la que hubiera podido comprometer al acusado. Por tanto, la credibilidad de los dos videos de Cuban Prisoners Defenders, en especial tras el comportamiento escurridizo de Larrondo, queda seriamente afectada. (La segunda parte y final de Cuba no es país para opositores, el lunes 10 de febrero en este blog).

Mónica Baró

El Estornudo, 23 de diciembre de 2019.

Video inicial: Acusaciones que desde Santiago de Cuba hizo la activista Solange Rivaflecha el 6 de diciembre de 2019.

Ver también: Video con las denuncias hechas desde Estados Unidos por Abel López el 1 de diciembre de 2019. y Meleidys Gómez, en diciembre de 2019.