Por Joaquín Roy
La “historia sentimental” entre Cuba y España tiene su correspondencia comercial y financiera. En primer lugar, diez años después del triunfo de la revolución cubana el comercio entre los dos países parecía equilibrado, pero al final del régimen franquista (1975-76) había una notable ventaja para España: las exportaciones españolas eran el doble que las importaciones de Cuba.
En 1975 el comercio con España representaba el 6,5% de todo el comercio cubano, una cifra sólo superada por Japón en el mundo desarrollado.
Durante los años 80 la escena cambió, ya que España redujo sus importaciones de América Latina debido a la crisis financiera . Sin embargo, se mantuvieron los lazos con Cuba, tanto en la primera fase de la transición política española como en los años del Gobierno socialista.
En 1985 Cuba compró más del 20% de las exportaciones españolas a Latinoamérica y España se convirtió en el mejor cliente de Cuba en el mundo capitalista.
La ventaja comparativa para España llegó a ser escandalosa: solamente el 2,66% de las importaciones procedentes de América Latina eran de productos cubanos. A finales de los 80, cuando España aceleraba su política general hacia América Latina en preparación de las conmemoraciones de 1992, solamente el 3,6% de la exportación global de España estaba destinada a América Latina. Sin embargo, un notable 13% de las exportaciones españolas hacia Latinoamérica tenían como destino Cuba.
En años recientes, las exportaciones españolas a Cuba bajaron de 287,3 millones de dólares en 1991 a 190,4 millones de dólares en 1993. Esta cifra era sólo el 0,3% del total de las exportaciones españolas en todo el mundo. En 1994 se experimentó un aumento del 50%.
En cuanto a las inversiones, al final de los años 80 Latinoamérica descendió en el
ranking de la atención española, pero Cuba mantuvo sus posiciones. Al tiempo que Cuba encaraba problemas para vender más productos a España, necesitaba buscar fondos en otros sectores. La inversión privada se convirtió en fuente sustitutiva para los subsidios de la Unión Soviética. A pesar de que la legislación para las empresas privadas se remonta a 1982 (por la ley llamada Nº 50), los resultados han sido lentos.
A finales de 1994 se habían puesto en marcha unos 140 consorcios, de los que 30 tenían participación española. De éstos, 25 eran del sector industrial y el resto servicios, casi exclusivamente dedicados al turismo, terreno en el que la participación española representa el 20% de toda la inversión extranjera. Sin embargo, en contraste con la atención prestada a la participación española en lo que respecta a la percepción que se tiene de su importancia desmesurada, los ejercicios comparativos revelan que las inversiones de las empresas españolas desde 1990 sólo ascienden a 28 millones de dólares,
una modesta parte del total de 2.100 millones de dólares procedentes del total de los Estados miembros de la Unión Europea. El escenario global de las inversiones no está libre de incertidumbres y conflictos futuros. Por un lado, algunos proyectos fueron frenados por el Gobierno español por irregularidades financieras y, por otro, todas las inversiones están sujetas a la amenaza de confiscación y a las represalias procedentes de dos frentes.
El primero es el Gobierno de los Estados Unidos, desde la aprobación de la llamada Ley de la Democracia de Cuba de 1992 (la “ley Torricelli”).
El segundo peligro procede de los sectores que reclaman que, en caso de un cambio drástico en Cuba, tendrán un lugar preferente en los destinos económicos del país y les recuerdan a los inversores que están “corriendo un alto riesgo”, y que cualquier inversión hecha durante el presente régimen deberá rendir cuentas al Gobierno post Castro”.
A pesar de la publicidad recibida por las inversiones turísticas, lo cierto es que la deuda cubana a España, en términos absolutos, es solamente el 0,03% de todo el capital invertido en el extranjero. Cuba es el sexto deudor de España en el contexto latinoamericano.
Sólo Egipto y Marruecos deben más a España que Cuba, cuya deuda representa el 6,5% del total, lo que contrasta con el comercio entre los dos países que únicamente era el 0,2% del total mundial.
Si se tiene en cuenta que más del 70% de esta deuda es pública, resulta obvio que la relación comercial entre los dos países se mantiene a nivel gubernamental. Aquí juega un papel protagonista un instrumento a caballo entre las relaciones económicas y la ayuda: los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), en los que sólo México supera a Cuba en los favores españoles.
La ayuda oficial como factor económico también es importante. En su sentido más estricto había alcanzado los 3,2 millones de dólares en 1987, pero descendió a una cifra espectacularmente baja, (0,53 millones de dólares) en 1991. En el año conmemorativo de 1992 aumentó a 4,8 millones , para rebajarse a la mitad, 1,7 millones en 1993 y 1,6 millones en 1994.
Ahora bien, al examinar la ayuda global desde otro ángulo y sumar los créditos del FAD
se muestra que en 1990 la cifra aumentaba espectacularmente. Al considerar la ayuda como un instrumento de política exterior y como variable de dependencia, las cifras muestran que para España, Cuba es un país muy importante en el contexto latinoamericano. De 1980 a 1992, Cuba recibió un impresionante 46,6% (39,3% en 1992) de toda la ayuda española a América Latina.
En el plan trienal que comprende de noviembre de 1991 a noviembre de 1994, España tiene comprometidos unos 100 millones de pesetas (unos 834.000 de dólares) en diversos apartados de cooperación.
Para Cuba, en consecuencia, la ayuda de España es la fuente más importante en la Unión Europea. España ejerce parte de su política exterior a través de organismos internacionales y sobre todo de entidades supranacionales, como la Unión Europea. Los vínculos de Cuba con la Unión Europea (como entidad y a nivel oficial) son modestísimos.
Cuba es el único país del hemisferio americano que no cuenta con un acuerdo de cooperación aunque disfruta del acceso al sistema comercial de preferencias. En 1990 la Unión Europea sólo representaba el 6% del comercio exterior de Cuba; a final de 1995 la UE es el primer socio comercial de Cuba, con una cuota del 35%.
La relación con Cuba en estricto nivel jurídico probablemente será en todo caso mínima, ya que los temas políticos, de seguridad, justicia y de migración (aspectos en los que podría haber problemas con Cuba) todavía son competencias no compartidas, que están asumidas en los otros dos pilares de la Unión como organización intergubernamental.
Algunos observadores creen que Cuba debiera ser tratada como Vietnam, que está siendo estudiado con un acuerdo especial. Pero se soslaya una diferencia comparativa en cuanto a la evolución político-económica de ambos Estados: Vietnam ha incorporado constitucionalmente el reconocimiento de la propiedad privada, mientras que Cuba ha limitado las reformas a las inversiones extranjeras y a modestas empresas individuales.
De momento, las instituciones básicas de la Unión (la Comisión y el Parlamento) han mantenido una prudente y objetiva actitud, reducida a expresar preocupación por la protección de los derechos humanos y a canalizar la ayuda humanitaria hacia los sectores más necesitados, debido a la degradación de las condiciones de vida.
Por lo tanto, se recomienda la promoción del comercio y la intensificación del diálogo político, como el mejor modo de “fomentar la emergencia de un régimen libre, democrático y constitucional”
La Comisión concedió una donación de 9,9 millones ECU para ayuda humanitaria. La ayuda total a través del programa ECHO (Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea- UE) en 1993 fue de 7,8 millones ECU, y en 1994 ascendió a 13,7 millones ECU. De 1985 a 1993, toda la ayuda considerada como “cooperación” totalizó 63 millones ECU.
Como resultado de una reunión sin precedentes llevada a cabo en La Habana, bajo los auspicios de la Comunidad Europea, funcionarios cubanos y miembros del Parlamento Europeo intercambiaron opiniones que debían servir de base para un acuerdo en el momento en que se cumplan las condiciones para firmar los convenios similares con el resto de América Latina y el Caribe
El vicepresidente de la Comisión, el español Manuel Marín, fue el primer comisario de la Comunidad que visitó La Habana en abril de 1994 para anunciar la apertura de una oficina de ECHO. En julio de 1995, coincidiendo con el inicio de la presidencia española de la Unión Europea, la Comisión anunció el comienzo de un vínculo más estrecho con Cuba. Basándose en la convicción de que la libre circulación de bienes, inversiones e ideas contribuiría a la transición pacífica de Cuba hacia una economía de mercado y un régimen de pluralismo político.
La Comisión constataba varios hechos: por una parte, los quince Estados miembros de la Unión Europea mantienen relaciones diplomáticas normales con Cuba y once tienen embajadas permanentes en La Habana.
En el terreno comercial, no hay barreras entre Cuba y los Estados de la Unión Europea. En el político, existe unanimidad de criterio en Europa para oponerse (lo que coincide con la actitud de la Casa Blanca) a las medidas restrictivas generadas por el Congreso de los Estados Unidos (leyes “Torricelli y Helms”).
En consecuencia, debido a las propias dimensiones de la Unión Europea y sus Estados miembros, éstos se hallan en una inmejorable posición para influenciar el inicio de las reformas en Cuba, con lo que se recomienda el comienzo de un “diálogo” con Cuba en el que se intercambien “ideas sobre el desarrollo de la sociedad civil” y las “medidas para salvaguardar y extender la iniciativa privada y las libertades individuales”. De ahí deberá surgir el marco jurídico idóneo para una futura cooperación.
Al final del semestre de la presidencia española de la Unión (julio-diciembre 1995) debería haberse firmado ese acuerdo, pero las expectativas del Gobierno español chocaron con la (comprensible) negativa del Gobierno cubano a plegarse a las exigencias que en público se le hacían: un gesto más que simbólico que se concretara en la reforma del código penal y la liberación inmediata de todos los presos políticos (lo que coincidía con las peticiones también hechas en público por parte de los dirigentes del Partido Popular).
A pesar de la visita de una delegación de la Troika comunitaria (Francia, España e Italia) a La Habana, del 6 al 10 de noviembre de 1995, lo cierto es que las prisas por incluir el acuerdo con Cuba en las conclusiones de la cumbre de Madrid quedaron frenadas.
El informe de la Troika, en el que participaron experimentados diplomáticos, como el director de Iberoamérica del ministerio de Asuntos Exteriores español, Yago Pico de Coaña, y su homólogo francés, el especialista en asuntos latinoamericanos Alain Rouquié, es un notable ejercicio de análisis político-económico, oferta abierta y advertencia cubierta de lenguaje diplomático.
Transgrediendo las normas periodísticas, el lead se cobija al final:
“La Troika considera necesario que la Unión Europea adopte una política activa de acompañamiento, que consolide el proceso de reformas y permita una reinserción sin traumas de Cuba en la Comunidad Internacional... considera importante continuar el diálogo abierto con los interlocutores cubanos... con vista a abrir negociaciones para la firma de un acuerdo de Cooperación Económica y Comercial”.
Sin embargo, los razonamientos para esta cautela están explícitamente delineados en los párrafos anteriores:
“Aunque las perspectivas de asistir a reformas profundas del sistema político cubano a corto plazo son poco alentadoras, parece razonable esperar la adopción de algunas iniciativas que disminuirán la arbitrariedad estatal, tales como la reforma del Codigo Penal y Procesal, la aprobación de una ley de la nacionalidad, una mayor autonomía en la actuación de las ONG y la gradual normalización de las relaciones con la emigración.
"Por otra parte, cabe esperar que aquellos sectores y agentes económicos, como los cooperativistas, campesinos, trabajadores por cuenta propia e inversores que cobren un mayor dinamismo, reclamen una mayor autonomía en su actuación, presionando así en favor de una ampliación de sus espacios de participación y capacidad de maniobra.
"El impacto ideológico, a medio plazo, en la sociedad civil cubana de estos nuevos actores no debe ser minusvalorado”.
Una vez se ralentizó el proceso (por presión del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, según las interpretaciones no confirmadas oficialmente) en las horas cercanas al comienzo de la cumbre de Madrid, el comunicado final del Consejo Europeo quedaba reducido a este minúsculo párrafo insertado en el casi centenar de páginas de texto con letra menuda y a un espacio:
“[El Consejo Europeo] considera conveniente continuar el diálogo y la cooperación con Cuba, con objeto de apoyar activamente el proceso de reformas en curso, alentar el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y ampliar el ámbito de la iniciativa privada y el desarrollo de la sociedad civil. Con este fin, pide a la Comisión que presente un proyecto de mandato para un acuerdo de cooperación económica y comercial durante el primer semestre de 1996, que el Consejo examinará a la luz de la evolución de la situación política y económica en Cuba".
Cualquier interpretación que se quiera hacer de esta declaración y del informe de la Troika debe incluir la advertencia de que si Cuba no muestra evidencia plena de voluntad
política con respecto a los contenidos, el acuerdo de cooperación tendrá serias dificultades, ya pasada la presidencia española, en plenas elecciones legislativas y quizá con un nuevo Gobierno.
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