Si bien era conocida la colaboración cubana en el narcotráfico, y era rastreado por algunas agencias especiales del gobierno norteamericano, ello no era del dominio público. Desde el encauzamiento en Miami del grupo de funcionarios cubanos, un manto de silencio se había tendido sobre la isla de Cuba.
Hasta un día de agosto de 1986 en que el general John R. Galvin, director del comando sur de Estados Unidos, expresaba "según mis convicciones personales, basadas en informaciones que he tenido, Cuba se halla implicada en el narcotráfico, aún cuando Fidel Castro diga que no".
Las autoridades de aeronáutica civil de la Florida informaron entonces que en 1987, alrededor de 300 vuelos ilegales se habían encaminado a La Habana. En abril de 1987 la revista US News & World Report se lanzó a un reportaje con detenimiento donde señaló que el gobierno de Cuba accedió a procesar cocaína en 1984 para el narcotraficante colombiano Lehder.
Otro hecho vino a alertar a los medios publicitarios norteamericanos. En noviembre de 1985 se desmantela una red de contrabando de cocaína en Estados Unidos conectada al M-19 colombiano. En la requisa efectuada en un almacén de la barriada de Pembroke Park, en el Condado de Broward, se encontrará una lista de sesenta y dos páginas con unas 1,000 frecuencias radiales usadas por diversas entidades de Estados Unidos, que incluían los escuadrones caza de la Fuerza Aérea, el Servicio Secreto, los sitios de pruebas de cohetes experimentales del gobierno, el avión del presidente Reagan -Air Force One- y su limusina, así como los canales del Departamento de Justicia reservados para la protección del presidente.
El hallazgo era muy inquietante: el hecho de que grabaciones tan delicadas pudieran estar en manos de delincuentes sólo podía explicarse involucrando a Cuba, único país en este hemisferio capaz de propiciar tales informaciones a la guerrilla del M-19 y a los narcotraficantes.
Durante el juicio Ochoa-de La Guardia salieron a relucir operaciones de narcotráfico donde incuestionablemente estaba implicada la alta dirigencia del gobierno cubano por las áreas donde se realizaron. El aeropuerto militar de Varadero; la zona de Villa Tortuga, también en Varadero, reservada para una mansión ultracontrolada de Castro, y la marina Barlovento, reservada al turismo extranjero, que es objeto de una vigilancia especial por la Seguridad del Estado.
Entre tales operaciones figuraron las siguientes: en abril de 1987, 400 kilos de coca fueron descargadas de un avión por Varadero, almacenadas en una mansión de Villa Tortuga y luego reembarcadas a una embarcación. A fines de 1987, un avión aterrizó en Varadero con 500 kilos de coca, y realizó la transferencia de la carga en tres embarcaciones que se dirigieron a Estados Unidos.
En febrero de 1989 fueron lanzadas por un avión 500 kilos de coca a 14 millas del faro Cruz del Padre; el avión aterrizó en Varadero para reabastecerse de combustible mientras dos embarcaciones rápidas atendían la operación de recogida y trasbordo en Punta Hicacos. En marzo de 1989 unos 400 kilos de coca fueron lanzadas por un avión a veinte millas de la bahía de Cádiz. En abril de 1989 arribó una embarcación con un cargamento de coca en las aguas territoriales del norte de Cuba; luego de recibir reparación en la marina de Barlovento, se dirigió a Varadero donde realizó el trasbordo de la carga en un pequeño islote.
En enero de 1988, Blandón, ayudante del general Noriega pide asilo en Estados Unidos, y presenta pruebas documentales de la concurrencia directa de Castro en el tráfico de drogas. El 16 de ese mismo mes, un jurado federal en Miami abrió una causa contra 17 traficantes; en el mismo Cuba aparecía como punto de tráfico intermedio del contrabando de cocaína desde Colombia.
En 1988 la banda había sido infiltrada por agentes secretos norteamericanos que se hicieron pasar por compradores y lograron grabar en audio y video sus entrevistas. El traficante Reinaldo Ruiz y su hijo Rubén aparecen en el video expresándole a un agente encubierto de la DEA cómo Cuba garantiza el tránsito de los cargamentos de cocaína a través de la Isla. Ruiz habla, además, de lo que había que pagarle a Castro.
El expediente relata con detalles dos ocasiones en las cuales Rubén Ruiz había volado desde Colombia hasta el aeropuerto militar de Varadero con 500 kilos cada vez. En la primera ocasión de la visita de Ruiz a Cuba, en abril de 1987, la droga había sido descargada por personal militar y luego transportada a un muelle y cargada en un barco de nombre Florida que fue escoltado por guardacostas cubanos hasta que salió de las aguas territoriales de Cuba.
El 9 de mayo, Ruiz hizo otro vuelo similar durante el cual su avioneta cargada de cocaína fue escoltada por un Mig cubano hasta que aterrizó en el aeropuerto de Varadero. En una de las conversaciones grabadas se dice textualmente que el dinero de este último cargamento había ido a parar a las manos de Castro.
En las grabaciones se descubrió cómo el servicio de guardafronteras de Cuba vigilaba los estrechos entre la isla y la Florida, para asegurarse que los traficantes pudiesen evadir las lanchas patrulleras de Estados Unidos. Se documentó también cómo la Fuerza Aérea y los guardacostas cubanos brindaban protección a los traficantes que realizaban la transferencia de la droga en puntos de la isla para su remisión a los Estados Unidos.
Se hacían cuatro operaciones quincenales. El tráfico involucra un creciente número de pequeños aviones que surcan el espacio aéreo cubano rumbo al sur de la Florida escoltados por las fuerzas aéreas cubanas. De regreso toman tierra en Varadero para abastecerse de combustible. Algunos aviones aterrizan directamente en las bases militares cubanas.
Otras avionetas lanzan la droga en bolsas fosforescentes impermeables que son recogidos por lanchas rápidas que luego se dirigen hacia los Estados Unidos. La droga viene encubierta en cajas de cigarrillos Marlboro, o cajas de computadoras Epson. Luego se reenvasa en Cuba en cajas de tabaco por la facilidad de ese comercio ilegal. El intercambio se realiza cerca de la bahía de Cienfuegos y del puerto de El Mariel. Asimismo se han utilizado los fondeaderos de las tropas especiales del Ministerio del Interior en Jaimanitas y también en Barlovento.
Los lancheros se mueven libremente en las provincias occidentales de Cuba. En el juicio Ochoa-de La Guardia salió a relucir que muchos de ellos eran autorizados para ir a visitar a sus familiares en la isla, y que en algunos casos se les permitió transportar a familias que introdujeron ilegalmente en Estados Unidos.
En 1988, el papel de Cuba en el comercio de narcóticos quedó nuevamente expuesto con las declaraciones de dos altos oficiales de los servicios secretos cubanos: Juan A. Rodríguez Menier quien había roto con La Habana mientras prestaba servicios diplomáticos en Hungría, y el mayor de la contrainteligencia Florentino Azpillaga que había desertado en Austria.
Menier detalló como el gobierno de Cuba participaba en el narcotráfico a través de las Tropas Especiales. A su vez apuntó que en una ocasión el Jefe de la Inteligencia, general Germán Barreiro, le dijo que las drogas resultaban "una de las mejores maneras para destruir a los Estados Unidos".
En agosto de 1989, Menier hizo declaraciones nuevamente donde acusó a Castro de estar personalmente al tanto del negocio de la droga. Apuntó además que la corporación CIMEX resultaba el instrumento por el cual Castro recibía el 80 porciento de los beneficios en moneda convertible.
A principios de los 80, el centro turístico de Cayo Largo al sur de Cuba fue acondicionado para estas operaciones bajo la dirección del coronel Armando Urra, quien fungiría como contacto principal con los narcotraficantes. Bajo la dirección de José Abrantes, entonces Ministro del Interior, Urra había suministrado protección a los narcotraficantes desde 1978.
Comenta Azpillaga que en Cayo Largo se estableció también el centro operacional del fugitivo norteamericano Robert Vesco, desde donde se realizaron las negociaciones con los narcotraficantes. El mayor Azpillaga expuso cómo las actividades de droga eran fiscalizadas personalmente por Castro y ejecutadas por Abrantes, por el coronel Urra y por el general Pascual Martínez Gil.
Azpillaga expresó que Abrantes y su viceministro Martínez Gil lo asignaron en la contrainteligencia para operar un transmisor en La Habana a través de una banda radial de onda corta y usando claves convencionales, para mantener comunicación directa con grupos de traficantes en Colombia y así evitar que Estados Unidos captara las señales radiales entre los cubanos y los narcotraficantes.
En abril de 1989, durante la causa en su contra en las cortes federales de Jacksonville, Florida, Lehder mencionará con persistencia la relación comercial de Castro con varios narcotraficantes conocidos, como Vesco. La confesión de Lehder dejaban en evidencia el uso del territorio cubano: ya no podían existir más dudas de la actividad de un nutrido grupo de altos funcionarios cubanos en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ni tampoco del conocimiento tácito de Fidel y Raúl Castro sobre estas actividades.
Existían ya presiones exteriores por parte de Estados Unidos, por algunos países de la América Latina, y también de la Unión Soviética para que Fidel Castro pusiera fin a su participación en el narcotráfico con el Cartel de Medellín.
Todo parece indicar que Washington solicitó al entonces presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov que intercediese con Castro. Gorbachov llevó a la agenda de su viaje a La Habana, en febrero de 1989, el espinoso punto del trafico de drogas en el Caribe.
Antes de la visita del mandatario soviético, su portavoz oficial, Guennadi Guerasimov, declaró en conferencia de prensa que tanto Gorbachov como Castro tratarían en las conversaciones, además de los temas normales de las relaciones cubano-soviéticas y la crisis latinoamericana de la deuda exterior, el tema del tráfico de drogas.
El 12 de mayo, Estados Unidos anunció que boicotearía la celebración del VIII Congreso de la ONU sobre prevención de crímenes, trafico de drogas y lavado de dinero a realizarse en Cuba. A principios de junio, el gobierno de Londres había entregado a funcionarios norteamericanos copias de documentos financieros del Banco de Crédito y Comercio Internacional que no sólo mostraban transacciones relacionadas con el narcotráfico, sino también involucraban al panameño Noriega.
Para 1989, además, culminaba una operación limpieza de las autoridades colombianas contra los narcotraficantes como respuesta al asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. En una barrida en la ciudad de Medellín fueron arrestados 27 cubanos que portaban falsos pasaportes costarricenses.
Por otra parte, gracias al trabajo realizado por un doble agente infiltrado por Estados Unidos, existían grabaciones y fotos de satélite donde se mostraba el uso de los guardacostas y de la aviación de guerra cubana en operaciones de transferencia de droga; así como documentos bancarios que probaban la extensa participación del gobierno de Castro con el tráfico de estupefacientes.
A través de medios diplomáticos, Castro sabrá de la existencia de pruebas en poder de los Estados Unidos que lo implicaban en el narcotráfico. Y, como si esto fuese poco, su cerrada defensa del panameño Noriega le estaba haciendo perder prestigio en los grupos de poder de la América Latina.
Del libro Las guerras secretas de Fidel Castro, de Juan F. Benemelis.
Foto: Villa Tortuga, en la playa cubana de Varadero.
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