Por Ariel Hidalgo, Miami
Tras el derrumbe de la Unión Soviética, un grupo de cubanos exiliados tuvimos ocasión de visitar la redacción del diario Izvestia en Moscú. Mis compatriotas se interesaban más en los problemas de los conflictos nacionales, pero yo tenía una inquietud que resumí en dos preguntas muy simples al subdirector del periódico: ¿A quién pertenece Izvestia? ¿Quién elige a la administración de Izvestia?
La respuesta fue que el diario teóricamente pertenecía aún al Estado y de inmediato pasó a criticar a algunos elementos del Parlamento que pretendían que Izvestia pasara a manos de los “soviets”. Yo sabía que se referían al sentido original de la palabra, juntas de trabajadores en control de los medios de producción, contrario a lo que fue luego de la Revolución de Octubre, grupos de burócratas controlados por el Estado-Partido.
El consejo de uno de mis acompañantes, recibido por la dirección de Izvestia con mucha simpatía, fue significativo, no caer “en esa tontería de entregar el periódico a los trabajadores”. Desde ese instante, por tanto, no me quedó duda alguna de cuál iba a ser el destino, no sólo de Izvestia , sino de la inmensa mayoría de las empresas rusas, y seis años después, con ese destino ya consumado, publiqué en El Nuevo Herald el artículo Rusia: la apertura que no debemos hacer , donde concluía: “Los burócratas de la nomenclatura permanecieron en sus puestos, esta vez reciclados como empresarios capitalistas”.
He recordado nuevamente esta experiencia ante el panorama al que nos enfrentamos actualmente los cubanos tras el VI Congreso del Partido. Tal parece que nos hallamos en aquellos momentos del año 92 en Rusia: desmontar un modelo de monopolio estatista en vistas a un proyecto que cada vez se asemeja más a lo que sería una mezcla ruso-china: En la cúpula, una dictadura de partido; en las bases, trabajadores con salarios de hambre; y en el intermedio, mafias empresariales.
Aunque muchos se sienten optimistas ante las concesiones otorgadas a los cuentapropistas y la apertura hacia los capitales extranjeros, las decisiones finales del presente proyecto llevan a los siguientes resultados:
Un mayor poder para la burocracia estatal con la concesión de la autonomía empresarial, la misma burocracia a la que se atribuye la corrupción que ha minado la economía. La ausencia de la participación de los trabajadores en la supervisión de las empresas estatales, sector económico de mayor peso y donde se concentra la mayoría de los trabajadores del país, y como corolario, mayor indefensión de esos trabajadores ante una burocracia con poderes autónomos.
Medidas demasiado tardías para limitarse sólo a la liberación del comercio minorista y la microeconomía mientras se confía en la inversión extranjera para una rápida capitalización, proceso que sería más largo que el que tuvo que atravesar China, por la existencia de las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos y debido a la ausencia de suficiente garantía legal para los inversionistas, demasiado tiempo para poder contrarrestar el derrumbe económico y los peligros de explosiones sociales.
Transitar de un modelo centralizado hacia otro donde numerosos grupos empresariales dominan la economía, podrá parecer ventajoso por los resquicios de libertad e incluso de prosperidad a que lleva la libre competencia, pero estos cambios significan que la mayoría de los trabajadores quedará excluida de las ventajas de las reformas y que la corrupción que ha llevado al país al borde del precipicio, ahora tendrá mil cabezas, porque la burocracia tendrá mayor libertad para ejercer la autoridad sobre recursos que continuarán siendo, teóricamente, propiedades estatales.
Se creará el caldo de cultivo para la generación de mafias que aguardarán la oportunidad de dar el salto final sobre las empresas y convertirse en empresarios capitalistas con poderes absolutos sobre una población sin derechos laborales, sin sindicatos y ni siquiera una legislación que les garantice los derechos humanos fundamentales.
Si lo que existe hoy es sólo un socialismo formal y esa formalidad implicaba una estructura que facilitaba la conversión del trabajador de proletario en propietario –puesto que no había ya que expropiar a cientos de propietarios capitalistas, sino a uno solo, al Estado–, sólo habría que invertir el mecanismo de selección de las administraciones: en vez de nominaciones desde altas instancias, se realizarían desde abajo, desde las bases.
Pero con la aplicación de las nuevas medidas veremos surgir un nuevo señorío empresarial con poderes omnímodos, y se perdería lo único que el pueblo cubano había atesorado en todos estos años: la esperanza.
El Nuevo Herald, 24 de junio de 2011
Foto: Juan Madrazo
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