El abandono y maltrato a menores de edad, por parte de padres y otros responsables de su cuidado, ha aumentado en La Habana durante el año 2012.
Una jueza de la instancia municipal que pidió el anonimato adelantó que, acorde con datos del Tribunal Municipal de Centro Habana -el que más causas penales radica en la isla- se aprecia un incremento de esos hechos en comparación con años anteriores. “Al menos 20 juicios se celebraron en la sede de ese juzgado en 2011 por el delito de abandono de menores, cifra que en el 2010 no sobrepasó las cinco denuncias”, indicó.
Los padres y otros familiares negligentes con la manutención y atención de los infantes, incurren en lo que legalmente se denominan “actos contrarios al normal desarrollo del menor”. “Al final del año 2011 solo se celebraron tres juicios por esa transgresión penal. Según el cierre estadístico a mediados de julio de 2012, ya se han ventilado 18 expedientes”, aseguró la fuente.
Aunque las cifras ofrecen una noción de cómo se enfrenta actualmente la problemática, la ley nacional se muestra tolerante con el abandono y maltrato a los niños en Cuba, a veces de forma sutil, ante la mirada pasiva de los ciudadanos. No existe una ley particular que resguarde a los niños cubanos, bajo la justificación gubernamental de que varias leyes regulan sus derechos.
El Código de la Niñez y la Juventud, vigente desde 1978, se limita a inculcar la ideología comunista en los escolares y exige a educadores, padres o tutores a cumplir sus normas. En caso de infracción se ordena activar la maquinaria judicial. Mientras, el Código de Familia permite a los padres “reprender y corregir moderadamente a los hijos”, aunque ninguna norma define cuán “moderado” debe ser un castigo o regaño para llegar a calificarlo como abuso.
Según esta jueza, las autoridades policiales suelen ignorar hechos de esta índole.
“En los juicios de abandono de menores y actos contrarios, nos limitamos a sancionar a los culpables. No podemos determinar el destino más favorable para el menor, quien en ocasiones queda a merced de otro familiar, incapaz de contribuir a su educación. Los hechos siempre son denunciados por parientes o vecinos del niño. Supuestamente los fiscales controlan y velan por la atención de los menores, pero no existe un mecanismo efectivo para la detección rápida de abusos e ilegalidades. Es preocupante la incidencia de esas conductas. Se deben analizar sus causas y el marco legal para atenuar la desprotección a un sector tan vulnerable como la infancia”.
El 26 de enero de 1990 Cuba firmó la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos y la ratificó en 1991.
Yaremis Flores
Cubanet, 16 de agosto de 2012
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