De todo lo afirmado, el testimonio más detallado de las actividades de oficiales cubanos en Venezuela es el que ofrece el general retirado Antonio Rivero, quien estuvo activo hasta el pasado 7 de abril y que pidió la baja por desacuerdo con la presunta cubanización del ejército venezolano.
En ese entonces, Rivero pidió a la Fiscalía General de Venezuela investigar la actuación de oficiales cubanos en tareas militares consideradas secretos de Estado, y establecer si violan leyes venezolanas, y si puede haberse cometido un delito de traición a la patria.
Este general, quien es ingeniero electrónico, fue hasta noviembre del 2009 jefe del Estado Mayor de la V División de Infantería de Selva, una de las seis divisiones con que cuenta el ejército venezolano.
Rivero presentó la semana pasada la más detallada relación de cómo actúan los cubanos dentro de cuarteles y academias militares de Venezuela, en un documento consignado ante la Fiscalía.
Igualmente, Rivero relató una reunión en la que participó en noviembre de 2008 junto a otros 39 profesionales del ejército, para coordinar la construcción de túneles y búnkeres para la FAN, como parte de un curso de ingeniería en la Academia Militar, que exigía también viajar a La Habana.
Dijo que el general de División Noel Jesús Grisanti, comandante del Sexto Cuerpo de Ingenieros del Ejército venezolano, presentó en el encuentro a un coronel cubano encargado del adiestramiento para las construcciones militares que tienen carácter secreto.
“El coronel, con ropaje civil, explicó la confidencialidad de la información. Señaló que ya trabajaban en la construcción de dichas instalaciones y que se extenderían a otras áreas militares. Destacó otras actividades para los militares venezolanos, entre ellas la visita a la República de Cuba”, precisó Antonio Rivero en el documento de seis páginas presentado a la Fiscalía.
El general retirado dijo que en marzo de 2009, confirmó que un grupo de militares cubanos llevó a cabo una “evaluación en conjunto” de la Jefatura del Servicio de Armamento del Ejército.
En abril de 2009 constató personalmente que tres altos oficiales cubanos, con edades comprendidas entre 45 y 55, trabajaban como asesores en el Comando Estratégico Operacional, la más alta instancia decisoria de la FAN venezolana.
Los militares cubanos podrían haber estado usando nombres falsos para evitar ser identificados en cuarteles y bases militares venezolanas, debido al alto rechazo que genera su presencia en la oficialidad venezolana.
Pero los activos también se manifiestan en contra de esta situación.
De hecho, un grupo de militares activos pero bajo condición de anonimato dijo que un contingente de más de un centenar de oficiales cubanos está acantonado en Planta Centro, la mayor central termoeléctrica del país, y “rinden cuentas únicamente a sus superiores cubanos”, sin reportar a ningún comandante venezolano.
Los oficiales ocupan las instalaciones de la Base Naval contralmirante Agustín Armario, en la ciudad de Puerto Cabello, donde está el segundo puerto más importante de Venezuela, controlado por el consorcio venezolano-cubano Bolipuertos.
Los cubanos reciben protección de funcionarios de la Guardia Nacional bolivariana que tiene su sede en la ciudad de Morón, a pocos kilómetros de Puerto Cabello.
Pilotos y oficiales de la aviación militar cubana supervisan y participan en operaciones especiales de entrenamiento y vigilancia por lo menos en tres bases aéreas del país, estimó el analista militar Orlando Ochoa Terán.
Los oficiales cubanos supervisan las operaciones de pilotos venezolanos que operan los aviones de fabricación rusa Sukhoi en la base aérea Luis del Valle García, en el estado Anzoátegui, en el oriente del país, dijo Ochoa Terán.
Al mismo tiempo operan en la base aérea de Carrizal, en el estado Guárico, y en la estación de rastreo del satélite de fabricación china Simón Bolívar, ubicado en el mismo estado, indicó el analista.
Ochoa agregó que los cubanos también operan en el terreno de la inteligencia civil y militar, ya como asesores del recién creado Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que sustituyó a la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip); y de la Dirección de Inteligencia Militar, que centraliza las labores de espionaje y contraespionaje para todo el sector militar y político venezolano.
“Tenemos militares cubanos espiando a los venezolanos, y eso es inaceptable para cualquier patriota”, dijo Luis Fuenmayor Toro, político y académico chavista que pasó a la disidencia a mitad del 2010 en parte por estar en desacuerdo con la creciente cubanización del gobierno venezolano.
Las primeras protestas en torno a la penetración militar cubana en Venezuela se hicieron sentir en la Fuerza Armada Venezolana en 2002, cuando en un manifiesto firmado por 3 mil 400 oficiales activos, entre ellos oficiales generales, superiores, subalternos, suboficiales y hasta tropa profesional, denunciaron a Chávez por “someter a la Fuerza Armada a los dictámenes de Fidel Castro”.
Los oficiales denunciaron en ese entonces, el sobrevuelo de “aviones de guerra cubanos con pilotos cubanos” en operaciones dentro de territorio venezolano en enero de 2002, “en un claro insulto a Venezuela”.
Después, en 2004, se inició el intercambio masivo de militares venezolanos a instalaciones de entrenamiento militar en Cuba, entre ellos un grupo de oficiales miembros del Consejo de Defensa de la Nación, con sede en Caracas, que acudió en diciembre de ese año al Centro de Información de la Defensa Cubana, en La Habana.
En 2005, los contactos se intensificaron. Entre junio y agosto, acuden a la isla varias delegaciones de estudiantes tanto militares como civiles, del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional; oficiales del XLVI Curso de Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior del Ejército y oficiales del Curso 35 de Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra Aérea de Venezuela.
Posteriormente, en 2007, un grupo de más de 250 uniformados, incluyendo oficiales y cadetes de la Escuela de Aviación Militar, asiste a un entrenamiento especial en Cuba entre febrero y mayo, como parte del curso de Comando y Estado Mayor Conjunto y las escuelas superiores de Guerra, de Defensa Militar y de Orden Interno de la Guardia Nacional venezolana.
Para esa misma fecha, en el mes de junio, Chávez propuso la creación de una fuerza militar conjunta para los países que integran la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba) comandada por un militar cubano de alto rango, y con un ejército inicial de 250 soldados venezolanos y 250 soldados cubanos.
En mayo del 2008, los documentos encontrados en la computadora perteneciente a Raúl Reyes, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muerto por tropas colombianas en territorio ecuatoriano, revelaron una conexión venezolano-cubana con los rebeldes, aunque colateral, de acuerdo a una revisión de los papeles realizada por este portal.
En junio de 2008, se produce otra visita de más de 300 oficiales, profesores y alumnos de la Escuela de Aviación Militar de Venezuela, y de la Escuela Superior de Guerra Conjunta., al Instituto Técnico Militar José Martí, (ITM) el mismo lugar donde se forman los pilotos venezolanos que operan los aviones Sukhoi, de fabricación rusa.
Asesoría en temas sensibles. Expertos cubanos han asesorado al gobierno chavista en temas sensibles como la nueva Ley de Inteligencia. Entre otros aspectos, esta ley obligaba tanto a ciudadanos privados como a empresas a convertirse en informantes de organismos de inteligencia del Estado.
“Es claramente una ley inspirada en el modelo cubano de los Comités de Defensa de la Revolución”, opinó el analista político Américo Martín.
La propuesta de ley generó tantas críticas que en junio de 2008 Chávez aplazó su aprobación, argumentando que estaba siendo utilizada por la oposición para desprestigiar la revolución bolivariana.
Los vínculos no son solo militares sino también policiales. En mayo de 2008, una misión de expertos policiales cubanos presidida por Ramón Rodríguez Curbelo, jefe de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), llega a Caracas para participar en la formación y entrenamiento de la nueva Policía Nacional de Venezuela.
Según Rocío San Miguel, el nuevo sistema de policía nacional ha permitido al gobierno intervenir cuerpos policiales de gobernaciones dominadas por la oposición y controlar el armamento del cual disponen.
Por otro lado, los sectores militares de Cuba y Venezuela han realizado operaciones y acuerdos conjuntos con terceros países, como Rusia y Bolivia.
En diciembre de 2008, el primer ministro ruso Vladimir Putín dijo en Moscú que acuerdos militares entre Rusia, Venezuela y Cuba permitirían a naves de la armada rusa recargar o aprovisionarse en puertos venezolanos o cubanos.
En noviembre de 2009, el líder opositor y empresario boliviano Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y el analista político Cayetano Yovet, denunciaron en Miami la injerencia de militares y asesores de inteligencia venezolanos y cubanos en la política interna de Bolivia.
“Mientras los venezolanos llegan con millones de dólares en cheques para entregar, los cubanos manejan discretamente un sofisticado sistema de represión”, dijo Marinkovic.
Consecuencias jurídicas. El activismo militar cubano en Venezuela abre interrogantes y podría generar dificultades jurídicas para el gobierno de Hugo Chávez, pues según el general Antonio Rivero, el presidente venezolano podría estar cometiendo un delito de traición a la patria al permitir que oficiales militares extranjeros tengan acceso a información secreta y sensible para la seguridad del Estado venezolano.
“Hay militares cubanos en posiciones en las cuales pueden adquirir conocimiento e información relativa a la seguridad del Estado, y esto atenta de una manera u otra contra el Estado, contra la soberanía nacional”.
Rocío San Miguel considera que existen suficientes evidencias de que la presencia militar cubana está violando importantes artículos del Código Penal Venezolano.
San Miguel describió cinco puntos críticos: atentado contra la independencia de la república; confabulación para destruir la forma política republicana de la nación; intervención extranjera en asuntos internos de Venezuela; revelación de secretos políticos o militares concernientes a la seguridad nacional; y entrega de recursos a un país extranjero que pudieran ser utilizados en perjuicio de la república.
“Estos cinco elementos constituyen varios de los tipos penales que configuran el delito de traición a la patria, y por el cual el presidente Chávez podría ser imputado”, dijo la analista.
Para el profesor Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la UCV, cualquier presencia de militares extranjeros en el país, salvo para asesorías aisladas, “es el principio de una violación de la soberanía”.
Reportaje especial de Analítica.com publicado el 20 de marzo de 2011 en La Prensa de Nicaragua.
Foto: Mujeres venezolanas durante un entrenamiento militar.
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