El precio de la indolencia (I)

Por Freddy Pérez Cabrera

Ante los ojos de todos, de las autoridades competentes, organismos políticos y de masas y vecinos de la localidad, han sido edificadas más de 300 viviendas temporales, de las cuales 173 pertenecen a temporadistas, empleando para ese fin materiales y recursos del Estado, la mayoría de ellos de dudosa procedencia como lo demuestran las investigaciones realizadas hasta el momento.

Todo comenzó tras el paso del potente huracán Michelle por la provincia en noviembre del 2001, el cual dio cuenta de gran parte de las casas del poblado La Panchita, incluyendo las edificadas por decenas de familias para su disfrute en la etapa veraniega.

Ante la insistencia de los propietarios de las viviendas temporales, en el año 2003 se decidió autorizar la reposición de dichas moradas, siempre y cuando resultaran concebidas con esfuerzos y medios propios, además de cumplir las regulaciones y normativas establecidas por la Dirección de la Vivienda, Planificación Física, el CITMA y otros organismos competentes.

En las Regulaciones Generales del Asentamiento Costero Playa La Panchita, emitidas por la Dirección de Planificación Física de Corralillo el 5 de abril de 2004, quedaban explícitas en 46 artículos, las obligaciones de los interesados.

Pero lo que no previó esa instancia fue que dichas medidas dejaban resquicios a las ilegalidades y el despilfarro de los recursos del Estado, amparados en el descontrol y la falta de rigor de quienes debían velar por la legitimidad de dichos bienes.

Así, por ejemplo, en el artículo No 9 quedaba plasmado que los pilarotes o lingotes podían ser rieles o raíles de línea, jata u otra madera. Refugiados en ese y otros artículos comenzó el desorden, y los raíles que debía tener de 70 a 80 centímetros, según lo establecido, alcanzaron cinco, siete y hasta más de 10 metros en horcones, columnas, portales, cercas y otros fines.

Según informes preliminares de una comisión conformada por especialistas de la Fiscalía provincial, en los 328 terrenos inspeccionados, donde existen 240 viviendas terminadas, 44 en estructura y 30 en fase de terminación, se emplearon 9 631 metros de carriles, es decir casi 10 kilómetros de vías, la mayor parte de ellos en buen estado de conservación y con valor de uso.

Derivado de la inspección se determinó que el 82 % de las viviendas revisadas emplearon en su construcción raíles, ya sea en la estructura, cercas perimetrales o tanques elevados, la mayor parte de los cuales proceden del MINAZ, según han declarado los propietarios.

También se ha podido patentizar que buena parte de las casas usaron traviesas de hormigón en su cimentación, sumando un total de 714 elementos de ese tipo, valorados en más de 19 000 dólares y 15 000 pesos en moneda nacional; así como crucetas y angulares de los que sostienen las torres de las líneas de alta tensión y postes telefónicos.

Aunque la mayoría de las viviendas emplearon en sus cubiertas guano, tejas, fibrocemento y zinc, como estaba estipulado, algunos techos muestran fibrocemento nuevo y planchas de zinc importado, recursos entregados por el Estado para los damnificados de los huracanes que nos han azotado en los últimos años.

Otras evidencias detectadas fueron viviendas sobredimensionadas, carencia de títulos de propiedad, de certificados de Derechos Perpetuos de Superficie, violaciones en los proyectos constructivos, inexistencia de Regulaciones Urbanas, así como carencia de Actas de Terminación, Certificaciones de Numeración, Licencias Sanitarias y proyectos sin avalar por arquitectos de la comunidad.

Otro hecho asombroso, cuando tanto se demanda de la producción agrícola, es que 33 de esas viviendas se encuentran enclavadas en tierras de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Hermanos Castillo.

Cabría preguntarse cómo es posible que una inspección de la fiscalía pueda detectar estas y otras anomalías y los encargados por el Gobierno de realizar esas funciones no sean capaces de hacerlo.

Granma, 26 de noviembre de 2010