Ilegales por decreto

Por Ariel Tapia

Miles de personas afectadas por el Decreto Ley 217 que regula las migraciones internas han enviado sus quejas a la sede el gobierno en el municipio capitalino 10 de Octubre. Ese territorio figura como una "Zona Congelada" en la legislación, debido a que acumula el mayor porcentaje de habitantes de la ciudad Cualquier ciudadano, de cualquier otra parte del país, no puede ir a residir allí sin cumplir las condiciones impuestas por una ley que, dada la problemática de la vivienda en la isla, es bastante abstracta para la gente.

Janet, 27 años, fue a vivir a escasos meses de haber sido aprobado el decreto a la casa de un hombre en la playa de Guanabo, al Este de la capital. Cuando en Cuba se dice "ir a vivir a tal lugar", significa que hay que cambiarse del Registro de Consumidores (Libreta de Abastecimiento) y del Carnet de Identidad. Janet vivió nueve meses en Guanabo una vida apacible junto a su hijo y a su compañero.

Al cabo de ese tiempo su relación comenzó a deteriorarse y ella decidió retornar a la casa que la había visto nacer y donde aún vivían su padre y tres hermanos. El país había experimentado cambios en sus leyes, pero ella no leía la prensa ni se interesaba por las nuevas medidas tomadas por el gobierno. Cuando se presentó a reinscribirse en la Libreta de Racionamiento y el Carnet de Identidad de su natal municipio 10 de Octubre, los funcionarios la pusieron al tanto de todos los aspectos de la legislación y le advirtieron que desde ese momento ella era, según el Decreto 217, una ilegal.

A pesar de que "iba contra lo establecido" decidió quedarse en su casa, ya que además de no tener otro sitio donde hospedarse, consideraba ese espacio de ella, por derecho natural y divino. Y para tener más argumentos a su favor podía decir --y demostrar-- que ella era copropietaria del pequeño apartamento, junto con su padre.

Enterado de su desobediencia, el Instituto de la Vivienda Municipal revisó el domicilio de Janet. Según los parámetros de la ley deben existir al menos 10 metros cuadrados para cada nuevo habitante procedente de otro lugar del Archipiélago que se vaya a establecer en las llamadas "Zonas Congeladas" de la capital cubana. La modesta residencia de Janet no cumplía los requisitos. De acuerdo con la cantidad de personas que ya albergaba había 7 metros, per capita, tres menos de los que exige el Decreto 217.

Por ilegal en su domicilio, fue multada con mil pesos y se mantiene en un limbo jurídico del cual ni se imagina como salir. Espera en una larga fila de personas como ella, en el patio de una casona que es la sede del Partido Comunista de su área.

Intenta tocar la fibra humana de los funcionarios con la situación de su hijo de 6 años que no está recibiendo ahora la limitada, pero necesaria, cuota de alimentos que reparte el estado. Ella no puede hacer mucho con un salario de 162 pesos que le paga una empresa para que se desempeñe como secretaria. El padre del niño, que se dedicaba a la pesca furtiva en aguas de la costa sur habanera, y que con esa actividad estaba sosteniendo a su vástago fue sorprendido por las autoridades y es una de las 6 mil personas que en un año han sido sancionados por violar otro Decreto-Ley, el 164, que prohibe a los cubanos pescar langosta y camarones.

(Publicado el 31 de octubre de 1998 en Cubafreepress)